El Gobierno aprobó el martes la distribución de más de 68 millones de euros para impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental. Propuesto por el Ministerio de Sanidad, la medida busca cubrir las necesidades esenciales de atención bucodental de la población.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron el pasado mes de diciembre el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, con el objetivo de eliminar las barreras económicas que históricamente han impedido a los colectivos más vulnerables acceder a servicios odontológicos de calidad.
El plan contempla una serie de servicios preventivos y educativos dirigidos a toda la población, con el propósito de fomentar la salud bucodental y reducir las desigualdades existentes. Con este nuevo reparto de fondos, que se unen a los 248.232.000 euros ya otorgados desde 2022, el Gobierno quiere lograr la implantación progresiva y homogénea de las nuevas prestaciones.
¿Qué incluye el plan bucodental?
Hasta ahora, el Plan de Salud Bucodental daba atención prioritaria a infancia, embarazadas, personas con discapacidad y pacientes oncológicos del territorio cervicofacial. En este nuevo ejercicio, se hará una inclusión paulatina de las personas mayores de 65 años como beneficiarios de las prestaciones públicas de salud bucodental, comenzando por quienes residen en instituciones.
Para la población general, el Sistema Nacional de salud cubre tratamientos de procesos odontológicos agudos, como infecciones o inflamaciones o traumatismos; extracciones de dientes simples o quirúrgicas, cirugías menores, tratamientos farmacológicos y la detección precoz de lesiones premalignas.
Para la población infantil y juvenil, así como personas con discapacidad, la sanidad pública cubre revisiones periódicas, tratamientos preventivos, y actuaciones restauradoras como los empastes. Para las mujeres embarazadas y personas diagnosticadas con cáncer de cabeza y cuello, se incluye la exploración clínica y las limpiezas bucodentales cuando estén indicadas.
Así será el reparto de los nuevos fondos
En esta ocasión, el presupuesto de 68.058.000 euros viene con cambios en los criterios de reparto. El 10% del crédito se ha repartido en función de la población mayor de 65 años que tiene cada territorio, mientras que el 90% restante se asigna según el número de personas incluidas en los colectivos ya priorizados, como los menores de edad o las mujeres embarazadas.
Andalucía y Cataluña son las comunidades que más recursos recibirán, con asignaciones superiores a los 12,8 millones de euros cada una. Madrid obtendrá 9,67 millones de euros; la Comunidad Valenciana percibirá 7,63 millones; Galicia tendrá 4,02 millones, y Castilla y León 3,44 millones. Las comunidades de menor tamaño recibirán cantidades proporcionales a sus colectivos priorizados y la población mayor de 65 años, como La Rioja (470.847,61 euros) y Cantabria (1.074.780,37 euros). Baleares, con 1,51 millones de euros, y Canarias, con 2,83 millones, también se beneficiarán del plan, junto con Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia.
Para comprobar la implantación del programa, las comunidades autónomas y el INGESA deberán presentar informes de planificación y ejecución antes del 30 de septiembre de 2025 y del 31 de marzo del año siguiente, respectivamente, evaluándose la marcha del programa mediante indicadores de cobertura y actividad.
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