El Tribunal Supremo de Casación italiano ha anulado una sentencia que imponía a un padre separado el pago mensual de 600 euros en concepto de pensión alimenticia para su hija. El hombre, según recogió Il Messaggero, vio reducidos sus ingresos tras pasar a trabajar con contrato en la empresa familiar, con un salario actual de 1.400 euros al mes.
Pese a esta reducción, el Tribunal de Piacenza mantuvo la pensión en 600 euros, además de exigirle cubrir la mitad de los gastos extraordinarios. Más tarde, el Tribunal de Apelación de Bolonia ratificó la misma cantidad, argumentando que la hija había crecido y sus necesidades habían aumentado, y considerando irrelevante el cambio de empleo del padre.
Sin embargo, el Supremo no estuvo de acuerdo. Revocó la decisión al considerar que no se respetó el principio de proporcionalidad entre los ingresos de los progenitores y la pensión establecida. El caso deberá volver al Tribunal de Apelación para revisar la cantidad, teniendo en cuenta esta vez la capacidad económica real del padre.
“Con 300 € al mes no se puede vivir”: una situación que se repite
El fallo del Supremo ha reabierto el debate sobre las pensiones alimenticias que, en muchos casos, resultan difíciles de asumir para padres con ingresos bajos o inestables. Uno de esos casos es el de Matteo, un metalúrgico de 35 años de Padua, también entrevistado por Il Messaggero.
Tras su separación, se quedó sin casa y ahora vive en un centro público de covivienda. Aunque sigue pagando una hipoteca de 400 €, también debe abonar 220 € de pensión alimenticia y cubrir otros gastos básicos. En total, le quedan unos 300 € al mes para vivir. “Me temo que acabaré en un coche”, confiesa.
Matteo ve a su hijo una vez a la semana y los fines de semana. Asegura que siempre quiso criarlo él mismo, pero no fue posible. “La pensión alimenticia es útil, por supuesto, pero debe ser justa y sostenible. Ningún padre debería verse en una situación en la que no pueda permitirse una vida digna”, afirma.
Proteger al menor sin dejar atrás al progenitor
La decisión del Supremo sienta un precedente importante en Italia. Reafirma que el bienestar del menor debe ser una prioridad, pero no a costa de poner en riesgo la estabilidad económica del padre o la madre que paga la pensión. El principio de proporcionalidad, que exige que la prestación se ajuste a los ingresos reales de quien la abona, no puede ignorarse.
Con esta sentencia, el tribunal insiste en que no basta con mirar las necesidades del hijo o hija: también deben considerarse los recursos disponibles. Si uno de los progenitores ve reducido su salario de forma notable, como en este caso, esa nueva realidad debe entrar en la ecuación.
El fallo no elimina la obligación de mantener a los hijos, pero recuerda que las pensiones alimenticias deben fijarse con equilibrio. Porque si un padre apenas puede cubrir lo básico para sí mismo, difícilmente podrá sostener un apoyo justo y constante en el tiempo.
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