José Enrique P.S., empresario de origen boirense y residente en Santiago de Compostela, fue arrestado el pasado martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de una operación de alcance internacional contra una organización criminal dedicada a cometer delitos fiscales relacionados con el comercio de bebidas alcohólicas. Según informó El Faro de Vigo, el empresario figura como uno de los principales líderes de la red, que habría defraudado a la Hacienda Pública una suma cercana a los 69 millones de euros.
La investigación, liderada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea, ha contado con la participación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Según detalló El Correo Gallego, fuentes próximas al caso han confirmado que el entramado criminal operaba en varios países, utilizando una compleja red de empresas pantalla para eludir impuestos y blanquear capitales.
Registro en Santiago y traslado a Madrid
El arresto de José Enrique P.S., conocido en su entorno como Quique, se produjo en su domicilio situado en la rúa Algalia de Abaixo, en el casco histórico de Santiago. Durante más de siete horas, los agentes de la UCO realizaron un exhaustivo registro en su vivienda antes de trasladarlo en un avión del Ejército desde el Aeródromo Militar de Lavacolla hasta Madrid. Allí, el empresario fue puesto a disposición judicial. A pesar de la gravedad de las acusaciones, El Faro de Vigo indica que actualmente se encuentra en libertad, aunque tiene la obligación de comparecer ante la Audiencia Nacional o la Fiscalía Europea cuando así se le requiera.
Además del empresario gallego, están siendo investigados como máximos responsables del entramado otros dos empresarios, uno afincado en Madrid y otro en Jerez, donde también se realizaron registros. En total, hay ocho personas detenidas como parte de esta macrooperación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
Una red de 93 empresas en varios países
La acusación principal que pesa sobre José Enrique P.S. es la de eludir el pago del IVA en operaciones comerciales. Según las autoridades, la red que supuestamente dirigía con sus socios se dedicaba desde hace años a defraudar los intereses financieros de la Unión Europea y de la Hacienda española mediante operaciones fraudulentas en el mercado del alcohol. Para ello, habrían constituido una estructura empresarial de 93 compañías, con sede en países como España, Portugal, Alemania, Malta e incluso en territorios considerados paraísos fiscales como las Islas Turcas y Caicos.
Además de esta red principal, los investigadores han detectado una estructura paralela de sociedades ficticias utilizada para canalizar los fondos obtenidos ilícitamente, los cuales eran posteriormente sometidos a complejos procesos de blanqueo de capitales.
Fraude intracomunitario de IVA y blanqueo
Uno de los aspectos clave de la investigación ha sido el análisis del fraude intracomunitario de IVA, modalidad delictiva que se aprovecha de la normativa europea sobre transacciones comerciales entre Estados miembros, las cuales están exentas del impuesto. La Agencia Tributaria presentó la denuncia inicial ante la Fiscalía Europea en 2023, en Valencia.
La operativa se centraba en la importación de grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales situados en países como Holanda, Portugal y España. El producto ingresaba en territorio español con suspensión del pago de tributos, lo que es legal bajo ciertas condiciones según la normativa europea, pero en este caso, la estructura fraudulenta permitía eludir el pago final del IVA.
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