Un vehículo que conducía un niño de 11 años fue interceptado por la autoridades cerca de Mataró. Junto al menor estaba su padre en el asiento del copiloto. Cuando los Mossos le pidieron explicaciones de porque su hijo se encontraba al volante respondió diciendo: “le gusta conducir”. Debido a su irresponsabilidad fue detenido. Ahora el progenitor se enfrenta a un presunto delito contra la seguridad vial.
¿A qué tipo de pena se enfrenta?
Los delitos contra la seguridad vial se encuentran tipificados en los artículos 379 a 385 del Código Penal. En este caso hablamos de un delito de mera actividad, en los que no es necesario obtener un resultado o que haya consecuencias físicas o materiales.
Esto viene recogido en el artículo 384: “El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”.
Además, en los casos de menores de 14 años, la responsabilidad parental y la patria potestad comprometen al progenitor a responder jurídicamente por su hijo.
Por ello el padre del menor se enfrenta a una pena de prisión de tres a seis meses o a una multa de de doce a veinticuatro meses o a trabajos comunitarios con una durabilidad de treinta y uno a noventa días.
Será el tribunal quien dicte la sentencia definitiva que es muy posible que sea elevada a consecuencia de los hechos y la actitud irresponsable mostrada ante los Mossos.
¿Y si el menor hubiese tenido 14 años?
A partir de los 14 años un menor puede ser juzgado penalmente en España.
Estos están sometidos a normas especiales sobre responsabilidad penal reguladas por La ley Orgánica 5/2000.
Si el menor hubiera tenido 14 años, entre las posibles penas, encontramos un castigo que impide la obtención del permiso de circulación hasta una edad determinada, en el caso del Permiso B, aun habiendo cumplido los 18 años.
Se trata de una norma restrictiva que tiene el objetivo de corregir futuras irresponsabilidades que pudiesen poner en peligro al menor y a otras personas.
Evitar los peligros de seguridad vial, así como la protección de los niños durante la infancia y la adolescencia, se encuentra entre los principales objetivos de la justicia española.
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