Una mujer quería vender sus tierras por 1 millón de euros a un promotor inmobiliario, pero acaba valorado en 15.000 euros tras la oposición del ayuntamiento

En la localidad de Saint-Grégoire, situada en el departamento de Ille-et-Vilaine, al norte de Francia, una disputa inmobiliaria ha dejado en evidencia los conflictos entre el desarrollo urbano y la preservación de las tierras agrícolas. La protagonista de este conflicto es una propietaria que pensaba vender sus tres parcelas de terreno, situadas en el barrio rural de Kerfleury, a un promotor inmobiliario por la considerable suma de un millón de euros. Sin embargo, el proyecto fue frenado por el ayuntamiento, que no solo cuestionó el precio de la venta, sino que también intervino para que el terreno se mantuviera con su uso agrícola original.

La propietaria, una residente de la región de Bretaña, había acordado previamente con un promotor inmobiliario la venta de 1,7 hectáreas de terreno agrícola por un precio de un millón de euros. La transacción estaba respaldada por una “promesa unilateral de venta”, un contrato preliminar que establece las condiciones acordadas por ambas partes, incluido el monto acordado. Sin embargo, la operación no fue aceptada sin más por la alcaldía de Saint-Grégoire, que decidió actuar para proteger las tierras agrícolas.

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A principios de abril de 2025, durante un consejo municipal, Éric du Mottay, adjunto al alcalde y responsable de la planificación urbana, explicó que el precio de venta planteado por la propietaria no se ajustaba a los “referentes del sector agrícola” de la zona. De acuerdo con la normativa local, las parcelas en cuestión estaban clasificadas como tierras agrícolas y no podían ser comercializadas a precios inmobiliarios. Du Mottay insistió en que las praderas en cuestión son vitales para la producción de forraje, esencial para la alimentación del ganado, y que no deberían ser convertidas en terrenos urbanizables.

No aceptó la oferta

La decisión de la alcaldía fue clara: actuar de manera proactiva para evitar la venta a un promotor inmobiliario y garantizar que el uso agrícola de las tierras se preservara. La municipalidad recurrió a la intervención de la Sociedad de Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (Safer), una entidad pública encargada de asegurar la conservación de los terrenos agrícolas en Francia. La Safer es conocida por su capacidad para ejercer un derecho de preempción, que permite a las autoridades públicas adquirir terrenos antes de que sean vendidos a terceros, cuando se trata de terrenos con un uso agrícola.

El precio ajustado por la Safer, calculado según las tarifas de las tierras agrícolas de la región, estableció que el valor de las parcelas era de 14.568 euros, una cifra que representa un precio extremadamente bajo en comparación con el millón de euros propuesto inicialmente por la vendedora. La diferencia en el precio ha sido un golpe significativo para la propietaria, quien había esperado un beneficio considerable por la venta de su terreno. Tras recibir esta estimación, la mujer decidió no aceptar la oferta de compra de la alcaldía y, en cambio, optó por retener las parcelas en su propiedad.

La intervención de la Safer y el derecho de preempción de la municipalidad han puesto de relieve las tensiones que surgen cuando el valor de la tierra agrícola entra en conflicto con la presión inmobiliaria. Saint-Grégoire, una localidad que se encuentra cerca de Rennes, en una región con alta demanda de viviendas, ha sido testigo de un fuerte crecimiento urbano en los últimos años. Este tipo de disputas es cada vez más común en áreas periurbanas, donde el desarrollo de nuevas viviendas y proyectos comerciales choca con la necesidad de preservar los terrenos agrícolas.

La disputa sigue abierta

Para la alcaldía de Saint-Grégoire, la protección de las tierras agrícolas es una prioridad. La región ha estado monitoreando cuidadosamente las transacciones de tierras en su territorio, y la intervención en este caso es vista como una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad de la agricultura local. Según el consejo municipal, la preservación de estas tierras no solo es importante para el sector agrícola, sino también para el equilibrio ecológico de la zona, que depende de la producción de forraje y la conservación del paisaje natural.

Aunque la propietaria no ha aceptado la oferta de compra y mantiene la propiedad de las parcelas, la situación continúa siendo un ejemplo claro de las dificultades que enfrentan muchas comunidades en Francia y en otros países, donde el crecimiento urbano y la necesidad de proteger las tierras agrícolas entran en conflicto. En este caso, la intervención de las autoridades locales ha permitido que las tierras permanezcan con su vocación agrícola, pero no sin generar tensiones con los propietarios que desean capitalizar el valor de sus terrenos en un mercado inmobiliario en constante expansión.