El decreto que cambió el modelo de vivienda en España, según un experto: “Atacar los derechos de los inquilinos para generar desprotección y forzar a comprar”

La crisis de la vivienda en España es una de las principales preocupaciones sociales, especialmente para aquellos que luchan por acceder a un alquiler asequible o por adquirir una vivienda en propiedad. Con los precios de los inmuebles en constante aumento y una oferta de alquiler cada vez más limitada, cada vez hay un descontento más general, que ya se materializó el pasado sábado 5 de abril, día en el que se convocó una manifestación estatal por la vivienda. Más de 40 ciudades españolas salieron a las calles para exigir medidas urgentes para frenar el encarecimiento de los precios y garantizar el derecho a una vivienda digna.

Con todo esto, el experto en economía política y vivienda, Javier Gil, ha asegurado en el pódcast El sentido de la birra en cómo el marco legal y las decisiones políticas tomadas durante décadas han transformado la naturaleza del mercado inmobiliario en España, favoreciendo la propiedad sobre el alquiler. Según él, el cambio más significativo en este modelo se produjo con la implementación del Decreto Boyer en 1985, una normativa que, en su opinión, tuvo efectos determinantes en la estructura del mercado de vivienda en el país. Tal y como dijo durante el programa, “el Decreto Boyer fue un elemento clave. Fue atacar los derechos de los inquilinos y las inquilinas para generar desprotección e inseguridad y forzar a la gente que puede a ir al mercado de la propiedad”.

Gil ha señalado que la decisión política que impulsó este cambio no fue una cuestión de “preferencias” de los ciudadanos, sino una serie de condiciones creadas deliberadamente por el gobierno de la época. En este caso, el Decreto Boyer fue impulsado por el Ministro de Vivienda, José Luis Boyer, durante el gobierno de Felipe González, del PSOE.

“No es una cuestión de preferencias. Son condiciones que se han creado políticamente”, ha explicado. Este enfoque, según el experto, tiene como objetivo forzar a las personas que tienen la capacidad económica para hacerlo a optar por la compra de vivienda en lugar del alquiler, con la promesa implícita de que la propiedad es la única forma segura de tener derechos sobre la vivienda en España.

Crítica al modelo inmobiliario español y comparación con la regulación del alquiler en Europa

Esta estrategia, según Gil, busca beneficiar a un modelo que permitiría la acumulación de grandes ganancias. “Lo que se buscaba era eso, porque era un modelo que iba a generar mucho dinero”, ha afirmado. En este sentido, ha destacado que la legislación en España se ha orientado a consolidar la propiedad privada como la forma predominante de acceso a la vivienda, a costa de reducir los derechos de los inquilinos y crear un entorno donde el alquiler se volviera cada vez más precario y menos atractivo.

A nivel comparativo, Gil ha contrastado el modelo español con el de otros países europeos, donde la cultura del alquiler es mucho más fuerte. En países como Alemania, Francia, Suecia o Austria, los inquilinos disfrutan de contratos de alquiler indefinidos, con precios regulados y mecanismos de fijación de precios que no dependen completamente del mercado. “Lo que vemos es que podría haber sido de otra forma, pero lo que se buscaba era eso”, ha indicado Gil, refiriéndose a la creación de un mercado inmobiliario en el que la propiedad privada fuera vista como la única alternativa viable para acceder a una vivienda con derechos mínimos.