El Gobierno de Hungría ha anunciado este jueves su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), según ha informado el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, a través de un mensaje publicado en Facebook.
El Ejecutivo húngaro iniciará el procedimiento “de conformidad con el marco jurídico constitucional e internacional”, ha señalado el ministro, en una decisión que marca un cambio importante en la política exterior del país centroeuropeo. La CPI era" una iniciativa respetable pero lo que hemos visto en los últimos tiempos -y la acusación contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- es el ejemplo más triste de ello- es que se ha convertido en un organismo político“, indicó Gulyás a la agencia de noticias MTI.
La medida se produce tras la llegada este jueves a Budapest de Netanyahu, en su primera visita a un Estado parte del Estatuto de Roma desde que la CPI emitiera en noviembre de 2024 una orden de arresto contra él por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. El Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán invitó a su homologo israelí a visitar Budapest y ha repetido que no iba a ejecutar la orden de detención alegando que las decisiones de la CPI “no están reconocidas” en el código penal húngaro.
Hungría “tiene que la ”obligación jurídica"
Orbán, aliado cercano de Netanyahu, calificó en su momento la orden de arresto de “descarada y cínica”. Además, el Gobierno húngaro argumentó que el tribunal con sede en La Haya “no tiene derecho” a procesar a Netanyahu, defendiendo que Israel actúa en legítima defensa frente a los ataques del grupo islamista Hamás.
La CTI todavía no ha comentado el anuncio de la salida, pero sí ha respondido a Hungría que sí tiene la “obligación jurídica” de ejecutar las decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI), según afirmó este jueves un portavoz del tribunal. “La Corte depende de los Estados para ejecutar sus decisiones. Esto no solo constituye una obligación jurídica para con la Corte en virtud del Estatuto de Roma, sino también una responsabilidad hacia los demás Estados Partes”, ha manifestado a la prensa un portavoz de la CPI.
En caso de dudas sobre su cooperación, los Estados “pueden consultarla de manera oportuna y eficiente”, ha señalado el portavoz. Y ha advertido que “no les corresponde a los Estados determinar unilateralmente la solidez de las decisiones judiciales” de la Corte. En este sentido, se remitió al artículo 119 del Estatuto de Roma, por el que se constituyó el tribunal, y que dice que “toda controversia relativa a las funciones judiciales de la Corte se resolverá mediante la decisión de la Corte”.
Solo dos países han abandonado la CPI
Hungría firmó el Estatuto de Roma en 1999 y lo ratificó en 2001, durante el primer mandato de Orbán como primer ministro, pero no ha reconocido en su código penal las disposiciones de la CPI. Hungría ya señaló en febrero de este año que reconsideraría su cooperación con la CPI, poco después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara sanciones contra la Corte. Ese tribunal “se ha convertido recientemente en una herramienta política tendenciosa y ha desacreditado a todo el sistema jurídico internacional”, dijo en aquel entonces el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó.
Hasta la fecha, solo dos países han abandonado la CPI: Burundi en 2017 y Filipinas en 2019. Fundada en 2002, la Corte cuenta actualmente con 125 Estados miembros y tiene como mandato enjuiciar los crímenes más graves —genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad— cuando los Estados no están dispuestos o no pueden hacerlo por sí mismos. Hungría se convierte en el primer país de la Unión Europea en iniciar un proceso de salida del tribunal internacional, en una señal más del creciente distanciamiento de Budapest respecto a los consensos del bloque comunitario.
Noticia con información de Agencias
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