Las comunidades de vecinos en España están a punto de ganar gran influencia sobre las viviendas turísticas en sus edificios. A partir del 3 de abril de 2025, entra en vigor una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que permitirá a los residentes tomar decisiones clave sobre los pisos de alquiler vacacional en sus inmuebles. Esta modificación busca equilibrar los intereses de propietarios, inquilinos y turistas, en un intento por regular una actividad que ha generado tensiones en muchos barrios.
Luz verde a los vecinos y cuotas adicionales: lo que cambia con la reforma
Uno de los cambios más relevantes de la nueva normativa es que las comunidades de vecinos podrán decidir si permiten o no la actividad turística en su edificio. Para que un propietario pueda destinar su vivienda a este fin, necesitará el voto favorable de tres quintas partes de los vecinos, representando también ese mismo porcentaje en las cuotas de participación. Como ha detallado Telecinco, esta medida busca asegurar que la convivencia no se vea afectada por el trasiego constante de turistas.
Pero eso no es todo. La ley también permitirá a las comunidades imponer una cuota adicional a los propietarios que alquilen su vivienda a turistas. Esta cuota tiene el objetivo de compensar el mayor uso de las zonas comunes y otros posibles inconvenientes derivados de la actividad turística. No obstante, esta cantidad no podrá superar el 20% de la cuota ordinaria.
¿Qué pasa con los propietarios de pisos turísticos?
Para quienes ya tengan en marcha su negocio de alquiler vacacional antes del 3 de abril, las reglas serán claras: podrán seguir con su actividad siempre que cumplan con la normativa vigente y cuenten con las licencias requeridas. Sin embargo, quienes no tengan autorización comunitaria podrían enfrentarse a importantes sanciones. Las multas por incumplimiento podrán alcanzar los 600.000 euros, dependiendo de la normativa de cada comunidad autónoma.
Además, la reforma otorga a las comunidades de vecinos una nueva herramienta legal: podrán denunciar a aquellos propietarios que operen sin el consentimiento necesario o cuyo alquiler turístico genere molestias en la convivencia. En estos casos, los vecinos incluso podrán reclamar daños y perjuicios al propietario en cuestión.
Aplausos y críticas: el debate está dividido
Como era de esperar, la reforma ha generado opiniones encontradas. Muchos vecinos celebran estas medidas como una forma de recuperar el control sobre la convivencia en sus edificios, evitando que el turismo masivo transforme sus hogares en hoteles improvisados. Sin embargo, los propietarios de viviendas turísticas y parte del sector turístico han mostrado su descontento, argumentando que estas restricciones limitan sus derechos y pueden tener un impacto negativo en la economía.
En el ámbito político, el debate también está candente. En la Asamblea de Madrid, partidos como el Partido Popular (PP) y Vox han rechazado la reforma, señalando que las viviendas de uso turístico representan un porcentaje mínimo del parque inmobiliario y que la decisión sobre su uso debe recaer en los propietarios, no en los vecinos.
Un nuevo escenario para las comunidades de vecinos
La entrada en vigor de esta reforma supone un antes y un después en la gestión de los edificios residenciales. La normativa otorga a los residentes un papel más atractivo en la regulación del alquiler turístico, permitiéndoles influir directamente en la dinámica de su comunidad. Esto no solo afectará a los propietarios de viviendas turísticas, sino también a inquilinos y vecinos que han vivido de primera mano las ventajas y desventajas de este fenómeno.
España sigue así la tendencia de otras ciudades europeas que han reforzado la regulación sobre los pisos turísticos para proteger la convivencia en zonas residenciales. A partir del 3 de abril, las comunidades de vecinos tendrán en sus manos una herramienta poderosa para decidir el futuro de su edificio, marcando un hito en la regulación del turismo en el país.
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