El periplo migratorio de Amara, que huyó del terrorismo en Mali y ahora reside en España como refugiado: “Me gustaría trabajar de albañil”

Amara, un joven de Mali de 26 años, no puede olvidar el día que llegó a las costas canarias en 2023 a bordo de una precaria embarcación junto a otras 53 personas en busca de un mejor futuro. Nunca antes había visto el mar ni sabía nadar, pero la desesperación hizo que se subiera a aquella patera en la que pasó tres días achicando agua con cubos hasta llegar a Fuerteventura. “Pasamos mucho miedo”, recuerda ahora, aunque su viaje, en realidad, comenzó mucho antes, en 2012, cuando huyó de Mali con apenas 13 años como consecuencia del conflicto armado que vive el país y que se ha recrudecido con la presencia cada vez más intensa de grupos yihadistas.

Después de atravesar numerosos obstáculos y de dejar atrás a su familia, logró llegar a Argelia, donde trabajó un tiempo como albañil. Pero ante la posibilidad de que le deportaran, se marchó a Marruecos y allí vivió desde 2020 a 2023, aunque tampoco fue fácil encontrar oportunidades laborales. Por ello, y después de todo ese periplo, decidió poner rumbo a España arriesgando su vida en el mar. “Escapé de Mali porque los terroristas obligan a los chicos jóvenes a ser uno de ellos y me amenazaron, al igual que a mi familia”, cuenta a Infobae España este joven. Su padre, que trabajaba como profesor en Gao, una región del noreste del país africano, fue asesinado en 2012 por el grupo separatista que lucha por la independencia, lo cual dejó a su familia (formada por la madre y otros cinco hermanos) en una situación aún más complicada.

En Argelia, al no tener permiso de residencia, siempre temía que las autoridades le pudieran deportar o meter en prisión, o incluso que “le dejaran en la frontera entre ese país y Níger, que es un gran desierto”. “Fue una situación muy difícil”, relata al otro lado del teléfono. Por eso decidió marcharse a Marruecos, pero también allí afloraba la inseguridad de su situación irregular. Al llegar a España, asegura, al menos sintió que toda esa inseguridad “quedaba atrás”, aunque sabía que tampoco iba a ser fácil empezar de cero.

Amara solicitó protección internacional y desde que inició su proceso de asilo ha pasado por Fuerteventura, Huelva, Algeciras (Cádiz) y Guillena (Sevilla). En este tiempo ha aprendido a defenderse en español y se siente afortunado de haber podido contar con el apoyo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR): “Me han ayudado a aprender el idioma, a integrarme y a salir del centro de acogida cuando no conocía a nadie”, explica el joven, que ahora reside en Sevilla y comparte piso con otras tres personas migrantes procedentes de África.

Protección subsidiaria

El pasado diciembre, Amara recibió una de las mejores noticias: su solicitud de protección internacional había sido resuelta favorablemente con la protección subsidiaria y, por tanto, ahora tiene residencia por cinco años y autorización para trabajar. Esta protección, según establece la ley, se concede a personas que no pueden regresar a su país por un riesgo real de sufrir daños graves como la condena a pena de muerte, la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen, así como las amenazas contra la vida o la integridad de las personas por la violencia en situaciones de guerra o de conflicto.

“Esto ha cambiado totalmente mi vida, porque me siento protegido y ahora tengo oportunidades”, asegura. No obstante, esa oportunidad laboral aún no ha llegado, pero confía en poder encontrar pronto un trabajo como albañil, pues además de la experiencia que ya tenía en el sector, en España también ha realizado un curso.

Una crisis que parece no terminar

En un futuro, a Amara le gustaría que su madre se trasladara con él a Sevilla, pues la situación que vive en Mali sigue siendo muy complicada, “tanto para ella como para el resto de sus hermanos”. El país, uno de los situados en la región de Sahel, en África Occidental, se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia mientras se ha distanciado tanto de Francia como de los gobiernos occidentales, según explica Europa Press.

El pasado 14 de febrero, esta misma agencia informaba de que al menos 15 personas habían muerto y varias habían sido dadas por desaparecidas tras un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra la localidad de Berta, ubicada en el centro del territorio. En ese sentido, Amara explica que, aunque la situación pueda estar más tranquila en la capital, Bamako, en el resto del país “sigue habiendo muchos problemas y la gente sufre amenazas”.

Amara, según explican desde CEAR, es una de las más de 9.000 personas procedentes de Mali que el año pasado consiguió una resolución favorable a su solicitud de asilo. Y es que los datos muestran cómo las concesiones de protección internacional han crecido debido al “incremento exponencial de la protección subsidiaria”, que sube casi un 200% respecto a 2023, especialmente por las personas procedentes de este país africano, según el informe Más que cifras presentado la semana pasada por la organización. El análisis valora positivamente que España haya mejorado su tasa de reconocimiento de protección internacional del 12% al 18,5%, pero critica que esta “sigue muy alejada de la media europea, situada en el 40%”.

CEAR también considera preocupante que las concesiones de protección por estatuto de refugiado (6.355) bajen más de un 13% respecto a los datos de 2023, cuando se otorgaron 7.330. Por otro lado, han descendido también las resoluciones concedidas por razones humanitarias, de 41.487 en 2023 a 33.535 en 2024, un tipo de protección menos garantista que se otorga, sobre todo, a personas de Venezuela.

En ese mismo informe, la organización ha denunciado que a finales de 2024 España tenía más de 242.000 solicitudes de petición internacional pendientes de resolución, un 27% más que el año pasado (191.095), y que fueron 167.366 personas las que solicitaron asilo el año pasado, “lo que supone un ligero incremento con respecto al año anterior, pese a las previsiones alarmistas”.

Seis de cada diez solicitantes proceden de América Latina

CEAR recuerda en su informe que seis de las diez principales nacionalidades solicitantes de protección internacional en 2024 proceden de América Latina, “región marcada por la inestabilidad política, los abusos de derechos humanos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la acción de grupos armados no estatales”. Las otras cuatro proceden del norte de África y de África occidental, “asoladas por conflictos armados prolongados, crisis políticas y los efectos de la crisis climática”.

Venezuela y Colombia se mantienen como las dos primeras nacionalidades de personas solicitantes de asilo en España, acumulando más del 63% del total de peticiones, mientras que Mali, con un aumento del 700% en el número de peticiones, ha desplazado a Perú como tercer país de origen, con 10.673. El país africano, apunta la entidad, sigue sumido en una crisis humanitaria compleja desde hace más una década, “en la que se combina la amenaza yihadista, la inestabilidad política tras el golpe de Estado en 2020, factores de vulnerabilidad estructurales, desafíos socioeconómicos y los efectos de la crisis climática”.

A estos países le siguen en la lista con más solicitantes Perú, Senegal, Marruecos, Nicaragua, Honduras, Mauritania y Ecuador. Pese al aumento de solicitudes, CEAR ha recordado que miles de personas siguen encontrando “enormes obstáculos” para solicitar la protección internacional.