La jubilada que cada noche sale con miedo a alimentar a los gatos a escondidas porque la policía la amenazó: “No tienen la culpa”

En muchos municipios de España, las colonias felinas han crecido hasta límites que suponen un cierto problema, tanto para los propios animales como para los vecinos. Ya sea por los alarmantes números de abandonos de animales o la falta de esterilización de estos gatos, las altas cifras han llevado a algunos ayuntamientos a prohibir a los ciudadanos que los alimenten.

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esta medida y continúan dejando comida a los felinos, aún arriesgándose a multas y sanciones. Núria tiene 63 años y un profundo amor por los animales: desde hace más de una década se encarga de cuidar de los gatos de su vecindario, que han ido creciendo en número. “Ellos no tienen la culpa de nada”, señala al medio español La Vanguardia, que le ha realizado una entrevista para conocer cómo empezó este acto voluntario.

Cuando uno de los vecinos de Núria se mudó a otro lugar, abandonó a su animal en la calle, por lo que ella se encargó de proporcionarle comida. Desde entonces, la jubilada alimenta, esteriliza y protege a los animales de la colonia felina cercana a su casa, que no ha parado de crecer en los últimos años.

Riesgo de ser multada

Pese a que lo que mueve a Núria es la compasión y el altruismo, se ha enfrentado a situaciones incómodas con las autoridades. Una tarde, mientras alimentaba a los gatos, una patrulla de la policía local le advirtió de que, si continuaba dando de comer a los animales, recibiría una multa. Pese a que la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales en España, determina que las administraciones municipales deben encargarse de la gestión ética de estas colonias, en su vecindario esto no ocurre. Por esta razón, preguntó a los agentes quién los cuidaría, pero recibió una respuesta inesperada y contundente: “No es nuestro problema”.

A pesar de este conflicto, Núria no ha cesado en su empeño y continúa haciéndose cargo de estos gatos en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, según detalla La Vanguardia, se ha visto obligada a salir de noche por miedo a recibir una sanción económica si es sorprendida mientras alimenta a los animales.

Ella sabe que su labor tiene una importancia vital para estos gatos, pues algunos de ellos se encuentran enfermos y deben enfrentarse a las inclemencias del tiempo. Sin embargo, la normativa española no permite que se puedan recibir antibióticos sin una visita previa al centro veterinario y los ayuntamientos no cubren los tratamientos de los animales sin propietario. “Todos los gatos que viven en la calle tienen riesgo de enfermar. ¿Cómo se supone que vamos a ayudarlos si no podemos acceder a medicamentos?”, señala Núria. Por este motivo, la jubilada gasta mensualmente 200 euros en comida, medicamentos, esterilizaciones y visitas veterinarias.

Con respecto a la solución de este problema que cada vez afecta a más municipios españoles, Núria tiene claro cuál no es un remedio viable: el sacrificio. Ella lucha para que estos animales puedan tener una vida más agradable y que, en la medida de sus posibilidades, se frene el abandono y el pronunciado crecimiento de las cifras de colonias felinas.

La responsabilidad de los ayuntamientos

La normativa española vigente en materia de bienestar animal recoge que los ayuntamiento españoles deben encargarse del control de las colonias felinas en su territorio a través de programas CER: captura, esterilización para evitar la reproducción descontrolada y retorno al mismo lugar en el que fueron cogidos. Esta medida se orienta a los objetivos de reducir el abandono y la sobrepoblación felina, la mejora de la convivencia ciudadana (ya que un número excesivo de estos gatos callejeros puede supone un problema de salubridad) y el bienestar de los propios animales.

Los programas CER deben ser realizado por personas autorizadas (voluntarios acreditados o asociaciones), por lo que los ayuntamientos deben trabajar coordinados con entidades de protección animal. De esta manera, se pueden idear planes de alimentación supervisada y revisiones veterinarias periódicas, siempre buscando soluciones alternativas al sacrificio de los gatos como método de control poblacional, que es una práctica prohibida.

Pese a lo que recoge la Ley 7/2023, en muchas localidades no se cuentan con los recursos suficientes para poner en marcha estas estrategias o incluso existe una escasez de voluntad política en este sentido. Es por este motivo por lo que algunos ciudadanos, concienciados con el bienestar y el cuidado animal, se encargan ellos mismos de estas tareas, pese al gran gasto económico que supone y el riesgo de ser multados.