Sumar amenaza con no apoyar el traspaso de las competencias sobre migración a Cataluña que negocian PSOE y Junts “si apuntan a una dirección xenófoba”

Sumar sí pone líneas rojas a las negociaciones sobre el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña. Las conversaciones entre el PSOE, el socio mayoritario del Gobierno, y Junts “avanzan”, pero siguen sin alcanzar un pacto en lo relativo a la “delegación” de las responsabilidades en esta materia, como reconocen en Moncloa. Frente al silencio informativo, en Sumar vaticinan que si las negociaciones llegan a buen puerto, habrá debate en el seno del grupo parlamentario, capitaneado por Yolanda Díaz, “dependiendo de qué es lo que pide” el partido de Carles Puigdemont.

El socio minoritario de la coalición no pasa por el alto el momento que vive Junts, tentado a competir con la fuerza ultraderechista e independentista Aliança Catalana (AC), que irrumpió por primera vez en el Parlament con dos diputados y un 3,8% de los votos en las últimas elecciones autonómicas de Cataluña. “Si Junts está en competición con derecha catalana, ahí vamos a tener un problema”, resumen fuentes parlamentarias de los Comuns, que forman parte de Sumar.

Una de las posibilidades que está sobre la mesa es el despliegue de los Mossos d’Esquadra en las fronteras y los aeropuertos junto a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Para Sumar, esta opción es “factible”, pero exigen que el traspaso de las competencias se haga acorde al Estatut catalán, es decir, que la política de inmigración respete la condición de “integración”. “El problema”, añaden estas voces, es que si se incluyen puntos “coercitivos” o que “apunten a una dirección xenófoba”, Sumar “no va a pasar por ahí”.

Estas advertencias contrastan con la discreción mostrada tanto en Ferraz como en Moncloa. Los socialistas rechazan hacer cualquier tipo de valoración en lo referente a estas conversaciones para no espantar a Junts, ya que el eventual pacto en esta materia acercaría aún más la posibilidad de que el Gobierno apruebe unos nuevos Presupuestos tras tener todavía prorrogados los de 2023.

Si bien, la intención de presentar un proyecto presupuestario para 2025, que además es una obligación fijada en la Constitución, se desvanece a medida que se estrecha el margen temporal para presentarlo (primer trimestre del año en curso) ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo entre PSOE y Junts.

“El compromiso de los presupuestos es negociarlos”

En este contexto, fuentes de Ferraz insisten en que el “objetivo es presentar unos presupuestos, pero el compromiso es negociarlos”, una afirmación que dista de lo señalado anteriormente y que desdice al propio presidente del Gobierno, que se comprometió a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a principios de 2025. Eso sí, pospuso las negociaciones al fin de los procesos congresuales de Junts y ERC para revalidar los liderazgos de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, al frente de sus organizaciones.

En lo relativo a la cesión de las competencias migratorias, Junts se escuda en el artículo 150.2 de la Carta Magna para justificar su exigencia del traspaso “integral”. Este precepto dice que “el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”.

Aunque el artículo 149.1.2 de la Carta Magna señala que la inmigración es “competencia exclusiva” del Estado, la potestad de “delegar” estas responsabilidades complica el acuerdo ante las reticencias del Ministerio de Interior para transferir a los Mossos el control de las fronteras de Cataluña. Desde el departamento de Fernando Grande Marlaska aluden a la necesidad de preservar el espacio Schengen.

De hecho, el propio ministro del Interior se ha negado a la posibilidad de que Cataluña tuviera el control de fronteras y de los flujos de inmigración, ya que estas materias son “competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central”. “No son susceptibles de ser transferidos o delegados”, esgrimió recientemente en el Congreso en respuesta al diputado de Junts Josep Maria Cruset.

Fuentes del Gobierno agregan que no quieren ponerse límite temporal para despejar el camino de cara a un acuerdo, aunque esto implique que transcurra el plazo del mes y medio fijado por Junts para llevar al pleno del Congreso la cuestión de confianza sobre Pedro Sánchez. Después de asegurarse que los independentistas rebajaran el alcance de esta petición, sin vinculación jurídica, en el Gobierno restan importancia a que se debata: “Sin grandes expectativas y sin gran problema”, señalan ahora fuentes de Moncloa.