El pasado 21 de noviembre, el comisionista y líder de la trama de hidrocarburos Víctor de Aldama abandonaba entre flashes la cárcel de Soto del Real, donde había pernoctado como preso preventivo durante poco más de un mes. Desde entonces, se encuentra en libertad provisional respaldado por un acuerdo que alcanzó con la Fiscalía Anticorrupción para que pudiera aportar pruebas que ayudasen a esclarecer el entramado de corrupción que penetró en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.
Pero las condiciones en las que se llegó a ese pacto parecen haber cambiado. Las fricciones de la Fiscalía Anticorrupción con Aldama en los últimos días han sido públicas y a esta circunstancia se añade que la Unidad Central Operativa (UCO), en uno de sus informes sobre la trama de hidrocarburos, advirtió al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz del “riesgo de destrucción u ocultamiento de las pruebas” por parte del entramado liderado por Aldama y su socio Claudio Rivas.
El informe está fechado el pasado 12 de diciembre y esa afirmación de la UCO provocó, cuatro días después, que el instructor de la trama de hidrocarburos autorizase la detención y registro en los inmuebles de varios investigados, entre ellos Luis Alberto Escolano, hombre de máxima confianza de Aldama y calificado por los agentes en otro de sus informes como “custodio” de “documentación sensible” del comisionista del caso Koldo.
El sobre de Venezuela
Una de las pruebas que buscaban los investigadores a Escolano, con la autorización del juez, era un sobre de color marrón que los agentes -y el propio Aldama en manifestaciones públicas- consideran “sensible”. La UCO, a través de intervenciones telefónicas y el volcado del móvil del comisionista, siguió la pista de ese sobre y lo encontró en unas fotografías que Aldama pidió a Escolano el pasado 12 de agosto. El sobre presenta una inscripción de “CONFIDENCIAL”, fue remitido por el Presidente de Petróleos de Venezuela y su destinatario era la vicepresidenta de la dictadura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. En el sellado de recepción del sobre se constata que se entregó a Víctor de Aldama el 4 de febrero de 2020, dos semanas después de la visita secreta de la vicepresidenta venezolana a España.
La UCO, pese a tener conocimiento de la existencia de este sobre, no pudo encontrarlo a tiempo. Pero no sólo eso, sino que los investigadores sospechan que tras la custodia del mismo por parte de Luis Alberto Escolano durante el tiempo que Aldama estuvo en prisión, éste se lo devolvió al comisionista nueve días después de su salida de Soto del Real. En esa fecha, ambos fueron detectados en un local de hostelería de Calatayud (Zaragoza), donde reside Escolano. Por lo tanto, ahora es Aldama quien maneja el tempo respecto al contenido de ese sobre.
El empresario ha asegurado que la Fiscalía Anticorrupción “tiene conocimiento” de ese sobre, sin dar más detalles, pero desde el Ministerio Público subrayan que no han tenido acceso al mismo. Este hecho podría desestabilizar el acuerdo por el que el presunto cabecilla de la trama de hidrocarburos se encuentra en libertad provisional. Además, el “riesgo de destrucción u ocultamiento de las pruebas” del que alertó la UCO sería un argumento jurídico válido para que el juez Santiago Pedraz pueda decretar de nuevo el ingreso en prisión provisional de Aldama. De hecho, ya lo fue en la primera resolución del instructor.
Cabe recordar que, junto al riesgo de fuga y de repetición de la conducta delictiva, la posibilidad de destrucción u ocultación de pruebas es uno de los requisitos previstos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que se exigen para que un juez pueda privar de libertad de forma preventiva a un investigado. Por el momento, Aldama se ha puesto a disposición del magistrado Santiago Pedraz para que, si así lo considera, le cite a declarar como investigado tras levantarse el secreto de sumario en la causa. La pelota está en el tejado de Anticorrupción y el juez.
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