La querella contra Juan Carlos I fija una fianza “simbólica” de un euro: “Lo que nos mueve es la defensa del interés general”

Este lunes, un grupo de exmagistrados del Tribunal Supremo y exfiscales han presentado una querella contra el Rey Emérito, Juan Carlos I de Borbón y Borbón. En el escrito, al que ha tenido acceso Infobae España, se detalla que, según ellos, se han cometido “cinco delitos contra la Hacienda Pública que no han sido regularizados de conformidad con las exigencias legales establecidas”.

Los querellantes explican que su principal objetivo es “la defensa del interés general”, por lo que han decidido fijar la fianza prevista “de forma simbólica en un euro”. “Sea cual sea el resultado del presente escrito, solo tenemos el propósito de potenciar el valor superior de la justicia, los principios generales del Estado de derecho y en este caso, la igualdad ante la ley”, añaden.

Cinco delitos contra la Hacienda Pública

En el año 2018 fue cuando dieron comienzo las investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I, “por actividades ajenas a sus labores constitucionales y las que se derivan del ejercicio de la Jefatura del Estado”. Entre estos hechos, el escrito destaca el caso de las tarjetas black, vinculadas a fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y utilizadas por el rey emérito y “algunos de sus nietos” y el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del AVE a La Meca.

Aunque los periodos en los que se centra la querella estarían comprendidos entre los años 2014 y 2018, siendo los más graves en 2014, 2015 y 2016, ya que en estos casos se superan “con mucho, las cantidades establecidas por el artículo 305 bis. 1.a) del Código Penal para que sean consideradas como delitos contra la Hacienda Pública en la modalidad agravada”. Según el escrito, las cantidades defraudas por año son las siguientes:

• Año 2014: 390.641,15€
• Año 2015: 947.961,35€
• Año 2016: 585.779,27€
• Año 2017: 1.377.447,24€
• Año 2018: 242.750,01€

Estos delitos, relatan, no han sido regularizados “de conformidad con las exigencias legales establecidas en el artículo 305.4 del Código Penal”.

“La regularización de las defraudaciones tributarias se produce después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas Diligencias de Investigación de la Fiscalía que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias, con anterioridad a su regularización”, denuncian, por lo que “su representación legal tuvo la oportunidad de personarse y conocer el contenido de las Diligencias de Investigación, aunque sin duda era conocedor de las irregularidades que se habían cometido en las declaraciones correspondientes al IRPF correspondiente a los años 2014 a 2018″.

“Por consiguiente D. Juan Carlos de Borbón y Borbón ha tenido puntual conocimiento de la incoación de las presentes Diligencias de Investigación en las que ha podido personarse, tomar pleno conocimiento de su desarrollo e, incluso, intervenir en su tramitación solicitando las oportunas diligencias, sin perjuicio, claro está, de que tales derechos los haya ejercido en la forma que ha estimado conveniente, de acuerdo con su dirección letrada”, agregan.

Los delitos que le imputan están castigados “con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada, cuando la defraudación se cometiere en cuantía que exceda de seiscientos mil euros o se hayan utilizado personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito”. Sin embargo, los firmantes de la querella matizan que no quieren pedir prisión para el rey emérito, dado lo avanzado de su edad, pero sí “la multa máxima que se le pueda imponer”.