
La Fiscalía francesa ha pedido este lunes 20 años de cárcel para Dominique Pelicot, principal acusado del caso Mazan, por un delito de violación con agravantes. El septuagenario drogó durante casi una década a su entonces esposa, Gisèle Pelicot, para luego invitar a decenas de hombres a mantener relaciones sexuales con ella. El señor Pelicot se encargaba de grabar estos encuentros, almacenados durante años en una carpeta titulada “abusos”, donde los investigadores encontraron cerca de una centena de imágenes.
El proceso judicial, que comenzó el pasado mes de septiembre, se ha alargado durante 12 semanas y tendrá sentencia el próximo 20 de diciembre, según lo previsto. Tras las alegaciones de la defensa y la parte civil, esta semana es el turno del ministerio fiscal, que pedirán al tribunal una condena por cada uno de los 51 acusados implicados, uno de los cuales se encuentra a la fuga. Los representantes Jean-François Mayet y Laure Chabaud han comenzado este lunes por la solicitud de la pena para Pelicot y continuarán, a razón de 15 minutos por acusado, durante los próximos dos días.
La pena de 20 años solicitada para Dominique Pelicot, la máxima posible, “es a la vez mucho y muy poco”, ha considerado Chabaud, dada “la gravedad de los hechos repetidos”. La requisición “no es ninguna sorpresa”, ha afirmado la abogada del acusado, Béatrice Zavarro, a la cadena francesa BFMTV. “Sabíamos muy bien que fuimos y somos el denominador común de las escenas sexuales que se produjeron de 2011 a 2020. Hay poca sorpresa”, ha expresado.
El fiscal general ha aprovechado para agradecer el trabajo “extraordinario” realizado por los investigadores y la jueza de instrucción, Gwenola Journot, en los últimos cuatro años, una valoración que también se aplica a “la magnitud de los hechos y su gravedad inimaginable”. Así, Mayet ha recordado que se encontraron más de 20.000 fotos y vídeos, tanto de Gisèle Pelicot, “siempre inconsciente”, como de su hija, Caroline Darian. Dominique Pelicot ha negado en todo momento haber abusado de ella.
“Celebro su valentía y la dignidad con la que se ha expresado en el trascurso de estas largas semanas de audiencia”, ha dicho a Gisèle Pelicot. En un primer momento, la Fiscalía solicitó un juicio cerrado, pero “fue sin conocer su fuerza y ese estallido admirable de resiliencia”, ha asegurado Mayet, que considera que la decisión de celebrar vistas abiertas fue un acierto para “que la vergüenza cambie de bando”.
17 años para el aprendiz de Pelicot
El ministerio público ha pedido, además, 17 daños de cárcel para Jean-Pierre M., discípulo de Pelicot que, si bien nunca tocó a Gisèle, aplicó los mismos métodos con su propia mujer. Los expertos mencionaron en relación a su caso una “noción de influencia” por parte del señor Pelicot, que le habría guiado en el proceso, lo que “reduce la capacidad de juicio. A su vez, notan “una posición positiva” en el acusado, “que le permite mantenerse alejado de cualquier sentimiento de culpa”, así como “una débil propensión a la introspección” y “una baja peligrosidad criminal”.
Los fiscales han solicitado también 5 años de libertad vigilada tras la condena y una pena de 3 años adicionales si no se respetase dichas medida.
Hasta 20 años de cárcel

A la gran mayoría de los acusados se les juzga por un presunto delito de violación con agravantes y se enfrentan a una pena de 20 años de prisión. La condena, individualizada para cada uno de los implicados, tendrá en cuenta sus antecedentes penales y las veces que visitaron el domicilio de los Pelicot, ubicado en el municipio de Mazan. Algunos tan solo acudieron una vez a la llamada del marido, mientras que algunos llegaron a entrar en la habitación de Gisèle hasta seis veces.
Sin embargo, la legislación francesa exige que haya algún tipo de penetración “de cualquier naturaleza” para que constituya delito de violación. Desde el año 2021, cualquier “acto buco-genital” se considera igualmente violación. En aquellos casos en los que estos hechos no puedan ser demostrados, los acusados enfrentarían una condena por un delito de agresión sexual agravado, lo que conlleva sentencias de máximo 7 años y 100.000 euros de multa.
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