Anticorrupción pide 59 años de cárcel para Villarejo por los presuntos encargos ilegales para Iberdrola

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar a 59 años de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo por la decena de presuntos encargos ilegales que el funcionario realizó para la energética entre 2004 y 2011, solicitando a su vez 42 años de prisión para el exdirector de Seguridad de la compañía Antonio Asenjo.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público imputa a Villarejo un delito continuado de cohecho pasivo, diez delitos -uno por cada encargo-- de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de revelación de secretos. Además de contra el comisario jubilado y Asenjo, también se dirige contra el socio de Villarejo, Rafael Redondo, para quien pide 50 años y seis meses de prisión.

Se trata de la pieza separada del caso Tandem, que investigaba si Iberdrola contrató al excomisario por un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión. Por estos hechos también están acusados Villarejo, para el que Anticorrrupción pide la pena más alta (59 años de cárcel), y su socio en la empresa Cenyt Rafael Redondo, para el que reclama 50 años y medio de prisión.

La Fiscalía pide una indemnización que oscila los 300.000 euros

En su escrito, la Fiscalía pide también que los tres indemnicen de forma conjunta en cantidades que oscilan entre los 15.000 y 60.000 euros a la decena de personas afectadas por la revelación de secretos que se les imputa. Cantidades que suman casi 300.000 euros en concepto de responsabilidad civil y de las que la Fiscalía pide que respondan de forma susbsidiaria Iberdrola y la Administración General del Estado. Además, el fiscal pide decretar el decomiso de los 1.455.064,14 euros abonados por el Grupo Iberdrola al Grupo Cenyt por la ejecución de los diferentes proyectos de investigación.

En octubre de 2023, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional rechazó un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ratificó el sobreseimiento libre para el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa, si bien situó a la eléctrica y a la Administración como responsables civiles subsidiarios. Según relata la Fiscalía, entre 2004 y 2011 Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad del Grupo Iberdrola y con pleno conocimiento de que José Manuel Villarejo Pérez se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía, encargó a este diferentes investigaciones sobre hechos que afectaban directamente a la compañía Iberdrola.

Facturas que no respondían a los servicios prestados

El objeto de las investigaciones encargadas era obtener información sobre personas físicas y jurídicas que pudiera ser utilizada por la compañía para la defensa de sus intereses. Entre esos trabajos destaca la investigación al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, una de sus principales competidoras en el mercado, para lo cual accedieron a las llamadas telefónicas de este y recabaron información sobre personas con las que contactó en el marco de la opa que Gas natural realizó en 2005 sobre Endesa.

Asimismo, Villarejo se encargó de investigar a dos directivos de la compañía por sus posibles vinculaciones con el presidente de ACS, Florentino Pérez, aunque finalmente el informe acreditó que los directivos no habían facilitado a “Flo”, como se le denomina en el documento, información sensible sobre Iberdrola. También se realizó un seguimiento sobre el propio Florentino Pérez, a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola, recuerda el auto. Para justificar los pagos realizados y recibidos por cuenta de Iberdrola se emitieron una serie de facturas con conceptos que no respondían a los servicios prestados, con lo que se pretendía ocultar además que Villarejo estaba entonces en activo.

Noticia con información de agencias