Unos padres obligaron a seis de sus siete hijos a mendigar y ahora son condenados: “Es nuestra tradición. Pedimos limosna”

La pobreza infantil es un problema es muchos países, lo que ha llevado a las instituciones públicas a intentar buscar una solución para que los niños puedan tener una infancia digna y no se vean obligados a enfrentarse a las consecuencias de la exclusión social. Esto ocurre también en Europa: el 22,8 % de los niños en Francia estaban en riesgo de pobreza en 2021, lo que representa una cifra de alrededor de 3,3 millones de jóvenes, según un estudio de 2022 de Eurochild.

Esta situación que los niños sufren por pertenecer a familias de escasos recursos económicos lleva en ocasiones a sus padres o tutores legales a obligarles a pedir limosna en las calles. Esta mendicidad infantil forzada está prohibida en la gran mayoría de países y desemboca en penas para los responsables de estos jóvenes, así como la pérdida de la custodia en muchas ocasiones. Una parte importante de estos niños reside en alojamientos de emergencia, refugios improvisados o incluso en la calle, según indicaron Unicef Francia y la Federación de los Actores Solidarios, lo que puede provocar problemas de salud mental que persistirán cuando se conviertan en adultos.

Recientemente se ha conocido el caso de unos padres en Seine-Saint-Denis (Francia) que, junto a su hijo mayor de 20 años, obligaron a seis menores de entre 10 y 16 años a practicar la mendicidad. La mayoría de ellos son hijos suyos, pero también realizaron esta práctica con dos de sus nueras, que estaban casadas y embarazadas pese a ser aún adolescentes. Los jóvenes se situaban principalmente en el puente de Bondy, donde lavaban los cristales de los vehículos con una botella de agua y jabón y una raclette, aprovechando el tiempo que duraba el semáforo en rojo. Una vez terminada la limpieza, los niños pedían una pequeña limosna, que era la principal fuente de ingresos de la familia, residente en cabañas en un campamento.

Penas de prisión para la familia

El juicio ha tenido lugar tras dos años de investigación y la fiscal Cécile Delignon pidió “penas severas” para los adultos de la familia que habían forzado a los jóvenes a practicar la mendicidad, todos ellos de nacionalidad rumana y seguidores de las tradiciones gitanas: seis años para el padre, cuatro para la madre y tres para su hijo mayor; también se requirió una prohibición de entrada en territorio francés y la pérdida de la patria potestad. “Desde el momento en que somos capaces de enviar a nuestros hijos a la mendicidad, somos perfectamente capaces de enviarlos a la escuela”, expresó haciendo referencia a que aquellos niños no estaban escolarizados y no se les estaba permitiendo vivir su infancia y adolescencia como al resto de jóvenes.

Los acusados alegaron que los hijos y nueras mendigaban por iniciativa propia y no por coacción. Además, el padre alegó que sus actos no habían sido realizado con la intención de cometer un delito, sino que es una costumbre de la etnia gitana, a la que pertenecen: “Está en nuestra tradición. Pedimos limosna”. Sin embargo, esto también fue recriminado por la fiscal, que negó que fuese una generalidad: “En la tradición gitana, el niño es considerado un ser al que hay que mimar. Es fácticamente falso decir que todos los niños gitanos son enviados a mendigar”.

El Tribunal Penal de Bobigny condenó a los acusados a penas de prisión de cuatro años para el padre, tres para la madre y dos para el hijo de 20 años, así como la pérdida de la patria potestad. Sin embargo, pese a la solicitud de la fiscal, los condenados no obtuvieron una prohibición de entrada en el territorio francés.

El servicio de Bienestar Infantil (l’Aide sociale à l’enfance) se hizo cargo de los niños: cuatro de ellos escaparon y aún siguen sin ser localizados, pero los otros dos que continúan internados “se encuentran bien”, según indicó la asociación SOS Víctimas 93 que los representa.