
La historia de una familia de Lille, en Francia, ha puesto de manifiesto la pesadilla que supone ser víctima de una usurpación de identidad, especialmente cuando las instituciones no brindan la ayuda necesaria para resolver la situación. Según informó el medio francés 20 Minutes, el joven Najim B., de 28 años, recibió en febrero de 2023 un aviso de embargo por una multa de tráfico de 1.500 euros, por una infracción que asegura no haber cometido. Desde entonces, su madre, Nassira B., ha iniciado un largo proceso de trámites para demostrar la inocencia de su hijo, sin que el caso haya sido resuelto aún un año y medio después.
La situación comenzó cuando Nassira B. recibió un aviso de embargo en el buzón de su casa, en el que se indicaba que su hijo debía pagar 1.500 euros. Al principio, la familia desconocía la naturaleza de la infracción, ya que el documento no ofrecía detalles sobre el motivo de la sanción. Nassira, en su desconcierto, llegó a pensar que su hijo le ocultaba algo, pero Najim insistió en que no sabía nada sobre la multa.
Después de varias visitas a distintas instituciones, como el comisariado de Lille y el Trésor Public (el equivalente francés a la Agencia Tributaria), Nassira descubrió que la multa se debía a una infracción por falta de seguro de un vehículo en la autopista, registrada en junio de 2022. Sin embargo, la madre explicó que su hijo no posee un coche desde 2021, lo que levantó las sospechas de que se trataba de una usurpación de identidad.
Un largo proceso judicial
Ante la evidencia de una posible usurpación de identidad, la familia presentó una denuncia en la policía, pero esta fue archivada rápidamente por falta de pruebas sobre el autor del delito. Sin desanimarse, Nassira continuó enviando cartas y correos electrónicos a distintas instituciones, desde la Defensoría del Pueblo hasta servicios especializados en infracciones de tráfico. En total, ha remitido más de 500 documentos, incluyendo pruebas de la actividad en línea de su hijo en las fechas clave, para demostrar que Najim no podía haber cometido la infracción.
A medida que avanzaban los trámites, la policía abrió finalmente una investigación entre los agentes que registraron la infracción. Según detalla 20 Minutes, el análisis de las firmas y la documentación presentada durante el control de tráfico reveló que el autor de la infracción no era Najim. Las firmas no coincidían, y el vehículo estaba registrado a nombre de otra persona, lo que confirmó la suplantación de identidad.
Sin embargo, este avance no significó el fin del problema. Aunque la investigación confirmó que Najim no era responsable, la anulación de la multa se convirtió en un desafío burocrático. Según explicó el abogado de la familia, Me Gildas Brochen, la multa sigue siendo válida hasta que se demuestre lo contrario, lo que implica un largo proceso administrativo para anularla.
La desesperación de la familia y el papel de las instituciones
El proceso ha sido especialmente agotador para Nassira, quien asegura que la vida cotidiana de la familia se ha visto alterada por esta situación. En declaraciones a 20 Minutes, explicó que cada carta enviada y cada gestión realizada suponen un esfuerzo para mantener la esperanza de que la situación se resuelva. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de la documentación acumulada, la familia sigue sin obtener una resolución definitiva.
El abogado de la familia también subrayó la dificultad de enfrentarse a la burocracia en este tipo de casos. Explicó que en situaciones de usurpación de identidad, las víctimas pueden solicitar al Trésor Public una “remise gracieuse” (condonación de la deuda), pero advirtió que esta solicitud es compleja y requiere la presentación de un expediente completo, algo que no siempre garantiza una resolución favorable.
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