
Contratos de semanas, días o incluso horas y cada uno en una provincia distinta. Los abusos de las bolsas de empleo de la sanidad pública son conocidos por muchos y denunciados constantemente por todos los profesionales que intentan ganar experiencia y conseguir un puesto fijo en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En la Enfermería, es un problema acusado: tres de cada diez que trabaja en un hospital público no tiene plaza fija, cifras que suben al 38% de las profesionales en las Urgencias Extrahospitalarias, según SATSE.
Pero alcanzar la plaza no es nada sencillo: la temporalidad entre el personal estatuario es de las más altas en toda la administración pública, que en total alcanza el 25%. De hecho, son Sanidad y Educación los sectores que mayores interinos emplean (74,8% del total).
Además, los procesos de estabilización en Sanidad suelen ser los que más tardan en cerrarse, lo que ocasiona que incluso los que aprueban una oposición se mantengan en la bolsa de empleo. Esta problemática se sigue de cerca desde Europa, que esta semana ha vuelto a dar un aviso a España: o corrige los abusos de la temporalidad, que debería bajar hasta el 8%, o habrá sanciones. Bruselas ya dio dos meses a la Administración Pública para solucionar el problema, plazo que concluyó el 23 de septiembre sin que el Gobierno moviese ficha. La UE ha vuelto a darle margen, tres meses más, antes de empezar a implantar sanciones. En teoría, si España no reduce la temporalidad antes de que acabe el año, se arriesga a perder parte de los fondos Next Generation recibidos.
De Andalucía a Canarias: las sanciones más y menos duras

Mientras los dirigentes arreglan el panorama, los sanitarios se mantienen en las bolsas de empleo, con contratos que pueden durar años o días, y enfrentarse a penalizaciones en caso de rechazarlos. Al ser una competencia delegada a las comunidades autónomas, cada una tiene su sistema y su castigo a imponer para aquellos que no acepten los trabajos ofertados, por precarios que sean.
Algunas, como Andalucía, Valencia, Murcia o Castilla y León suelen aplicar sanciones menos severas. Mientras, Castilla-La Mancha y Canarias son las más duras con los profesionales de la salud que rechazan ofertas de empleo de las bolsas de trabajo.
- Andalucía: si no se logra contactar al candidato en dos ocasiones consecutivas, se le penaliza con seis días. La renuncia a un contrato de larga duración implica una sanción de 30 días, que puede aumentar a 180 días si se trata de una mejora de contrato.
- Valencia: no se aplica sanción hasta que el profesional rechaza una oferta por tercera vez, lo que conlleva una suspensión de hasta un año. Un cuarto rechazo resulta en una desactivación de la bolsa por dos años.
- Murcia: la negativa a una oferta de corta duración se sanciona con un mes, mientras que el rechazo de una oferta de larga duración implica varios meses de sanción. Si se trata de un puesto de interino, la sanción es de un año. Además, las sanciones se incrementan en un 50% con un segundo rechazo y en un 100% con un tercero.
- Castilla y León: no aceptar un nombramiento conlleva seis meses de sanción, durante los que se marca al candidato como “no disponible”.
- Navarra: permite renunciar a dos ofertas sin penalización, pero una tercera negativa implica una sanción de dos años, aunque el candidato no queda inactivo, sino que pasa al último puesto de la lista.
- Galicia: la penalización por rechazar un empleo es de un año, aunque durante 2023 se redujo a seis meses.
- Ceuta y Melilla (INGESA): el rechazo de una oferta hará que no se llame al candidato en seis meses, que se extiende a un año en caso de un segundo rechazo.
- Aragón: el personal facultativo que rechaza una oferta pasa al último puesto de la lista, mientras que otros sanitarios enfrentan un año sin recibir ofertas.
- Cantabria: la renuncia a un nombramiento de sustitución excluye al sanitario de la bolsa por un año, y por dos años si se trata de una vacante.
- País Vasco: rechazar una oferta ya aceptada o no reincorporarse tras una baja de maternidad conlleva un año en la categoría de “no disponible”.
- Asturias: las sanciones varían según el motivo del rechazo. Serán de dos meses por motivos leves, cuatro meses por motivos graves y hasta 24 meses o suspensión definitiva por motivos muy graves.
- Extremadura: al rechazar una oferta, la exclusión de la bolsa se mantiene hasta el siguiente baremo, que en la región se hace de forma anual.
- Baleares: la sanción por rechazar una oferta oscila entre nueve y doce meses de impedimento de acceso a la bolsa.
- Cataluña: el rechazo de una oferta implica la suspensión de la bolsa hasta la siguiente baremación de méritos, que se realiza cada dos años. Si el rechazo ocurre cerca de la baremación, la sanción se reduce a seis meses.
- Madrid: la sanción por rechazar un empleo de la bolsa es de un año completo.
- Castilla-La Mancha: la penalización alcanza los 15 meses si la renuncia ocurre antes de iniciar el contrato, y se extiende a 18 meses si el contrato ya ha comenzado.
- Canarias: el rechazo de una primera oferta implica un año de exclusión de la lista, mientras que una segunda negativa resulta en la exclusión total de la bolsa.
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