
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso inmediato en prisión del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del Partido Popular, Eduardo Zaplana, tras ser condenado a 10 años y cinco meses de cárcel por su implicación en la trama de las ITV, dentro del caso Erial, tal y como ha informado el diario El País este martes. La Fiscalía le ha condenado por cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.
El Ministerio Público solicita su inmediato ingreso en prisión al tratarse de una condena que supera los 10 años de prisión y por multas superiores a 25 millones de euros, en la que además el fiscal ve riesgo de fuga. Pese a esto, la sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha programado una vista para el próximo 7 de noviembre a las 12:30 horas con el fin de escuchar los argumentos de las partes y tomar una decisión. Sin embargo, el expolítico ha anunciado que recurrirá la sentencia de 10 años y 5 meses de prisión que le ha sido impuesta por considerar que está “basada en acuerdos opacos” y “sin evidencias” contra él.
17 años de inhabilitación y 25 millones de euros en multas
Zaplana fue detenido en mayo de 2018 en el marco de la operación que investigaba el caso Erial, cuyo caso comenzó en 2015, relacionado con las comisiones obtenidas por las adjudicaciones del servicio de ITV y el plan eólico de la Comunidad Valenciana. En diciembre de ese mismo año, fue ingresado en el hospital La Fe de Valencia debido a la leucemia que padecía desde 2015. En febrero de 2019 fue puesto en libertad tras varias solicitudes de sus abogados.
La semana pasada, dicha Sección Cuarta declaró probado que Zaplana percibió comisiones por la adjudicación entre 1997 y 2003 de estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana y las canalizó a través de una compleja estructura societaria tanto en España como en países como Panamá o Luxemburgo y con cuentas en Andorra. Como resultado de la condena, el tribunal le impuso un total de 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y multas que superan los 25 millones de euros.
Junto a Zaplana, también fueron condenados su asesor fiscal Francisco Grau; el exjefe de gabinete de la Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García; su amigo y testaferro Joaquín Miguel Barceló, así como los empresarios Juan y Vicente Cotino, sobrinos del exdirector general de la Policía, Juan Cotino, quien estuvo implicado en la investigación hasta su fallecimiento.
* Con información de EFE
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