Un error del juez Manuel García-Castellón ha archivado el caso Tsunami en la Audiencia Nacional, liberando del delito de terrorismo a diez imputados, entre ellos Marta Rovira, secretaria general de ERC. El instructor, que en 2021 prorrogó la instrucción 24 horas fuera de plazo, ha regresado de sus vacaciones para el sobreseimiento y el traslado de este carpetazo al Tribunal Supremo, competente de investigar a Carles Puigdemont y al diputado Ruben Wagensberg, que también quedarán exentos de tener que responder por la violencia en las protestas contra la sentencia del procés en octubre de 2019.
La Sala de lo Penal del Supremo acordó por unanimidad el procedimiento, considerando a Puigdemont “el hombre de atrás” de Tsunami Democràtic, la plataforma que convocó las concentraciones que derivaron en disturbios. Los indicios apuntaban a que “estuvo informado de la constitución del grupo organizado para la subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas”, que “conocía el aparato de poder organizado y sus actividades ilícitas y decidió que continuaran con ellas”. Pudiendo evitarlo, subrayaba el auto, habría “ordenando delitos con mando autónomo”.
Cabe recordar que la Ley de Amnistía, ya aprobada por las Cortes Generales, fue fruto de una negociación larga y compleja que tuvo en la cuestión del terrorismo sus momentos más críticos, quedando al borde del fracaso. El independentismo exigía al Gobierno garantías de que la norma cubriría todo arbitrio judicial. Finalmente, y dados los últimos acontecimientos, no fue ni será el gran escollo de los procesados, sino la malversación. Así las cosas, conviene poner al día cuál es la situación de Puigdemont, el mayor beneficiario de la medida de gracia, y en qué punto está su regreso a España.
La malversación y la llamada trama rusa
El Ejecutivo es tajante: “El legislador ya ha hecho su trabajo”. La vuelta del expresident depende así de los tribunales y de la mencionada malversación. Nada impide a Pablo Llarena activar una orden internacional de detención contra el prófugo, hoy en Francia. Además, una vez asumió su acta como diputado en el Parlamento de Cataluña, no goza de la inmunidad que otorga el Europeo. Además de esto, Joaquín Aguirre, titular del Juzgado número 1 de Barcelona, mantiene abierta una pieza separada por la llamada trama rusa del procés o caso Volhov.
Recientemente, Canal Red difundió un relevante audio precisamente de Aguirre, jactándose de haber “tumbado” la Ley de Amnistía o vaticinando que al Gobierno de Pedro Sánchez le quedaban “dos telediarios alemanes”. El equipo legal de Puigdemont apenas tardó unas horas en querellarse contra el magistrado
Marta Rovira ha anunciado su intención de volar a Barcelona esta misma semana; Puigdemont seguirá esperando. Entretanto, se calculan las consecuencias del fallo de García-Castellón, que deja en el cajón tres años de trabajo y en la basura decenas de miles de euros invertidos en determinar si hubo terrorismo en Cataluña y, en caso de ser así, la responsabilidad de cada uno de los señalados. Movilizó además al Supremo con pruebas que ya son papel mojado. Lo hizo con la Fiscalía en contra o conociendo el criterio de terceros países, caso de Suiza, que se negó a cooperar al considerar, como la Fiscalía, que no había delito.
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