La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) explica en un informe que el sistema público de pensiones tiene un “agujero” de 2.490 millones de euros y duda de que la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno pueda reducir el déficit contributivo que se ha producido en los últimos años. Incide en que la situación de solvencia del sistema está “muy deteriorada” debido a que su patrimonio neto negativo es muy elevado, por lo que piden a los políticos que tomen medidas para afrontar el problema.
El estudio, elaborado por expertos de las universidades de Valencia, Alcalá de Henares y Barcelona y publicado este lunes, señala que “pese a las optimistas previsiones del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, es poco probable que la reforma del sistema de pensiones llevada a cabo en el periodo 2020-2023 reduzca el creciente déficit contributivo observado en los últimos años”. Por lo que consideran que los políticos se deben tomar “en serio el agujero del sistema de pensiones” y les piden que tomen “medidas correctivas” para solucionarlo.
Los autores del informe explican que existen diversos indicadores para medir la salud financiera de los sistemas públicos de pensiones, entre ellos los indicadores fiscales que miden la relación entre los ingresos y gastos de cada año y a su juicio estos indicadores “no ofrecen una imagen completa de su situación financiera”.
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Mejor, el balance actuarial
Para evitar este problema recomiendan utilizar el balance actuarial. Se trata de un estado financiero que refleja el pasivo de un sistema de pensiones, esto es, los derechos adquiridos por los cotizantes y pensionistas en una fecha determinada, junto con los activos financieros y, en particular, por cotizaciones que respaldan a dichos pasivos. Indican que teniendo en cuenta el balance actuarial, los pasivos por pensiones del sistema público de pensiones en España al final de 2021, sin incluir el régimen de clases pasivas, ascendían a 5,46 veces el PIB de 2021.
Indican que dado que el valor razonable de los activos financieros y por cotizaciones atribuibles al sistema era de 3,42 veces el PIB de 2021, el patrimonio neto negativo o “agujero” del sistema alcanzaba la cifra de 2,04 veces el PIB de 2021, es decir unos 2,49 billones de euros, calcula Fedea.
Añaden que debido a que las deudas netas por pensiones son una forma de deuda pública que se corresponden con derechos adquiridos que son muy difíciles de negociar, la deuda pública “real” de España ascendería a 3,21 veces el PIB, en lugar de la cifra oficial de 1,17 veces.
El sistema público de pensiones tiene una salud “débil”
Fedea incide a que “pese a las optimistas previsiones del Ministerio de Inclusión” es “poco probable que la reforma del sistema de pensiones llevada a cabo en el periodo 2020-2023 reduzca el creciente déficit contributivo observado en los últimos años”.
“La salud financiera del sistema de pensiones español es débil y se está debilitando debido a políticas de pensiones incorrectas, la falta de crecimiento económico y las tendencias demográficas (...) Es imperativo que la gestión de las obligaciones en materia de pensiones pase de estar de un enfoque de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ a otro más transparente que refleje con exactitud el valor neto del sistema, es decir, un planteamiento de decir las cosas como son”, indica el informe.
Añade que el sistema tiene una situación de solvencia “muy deteriorada”, con un patrimonio neto negativo muy elevado, lo que significa que su carga “se está trasladando a las generaciones futuras”. Por ello, consideran urgente que la clase política comience a “tomarse en serio” el agujero del sistema de pensiones y ponga remedio a la situación.
“Se puede afirmar que la reforma llevada a cabo en el periodo 2020-2023 está mal planteada porque se basa en la ficción de que el sistema de pensiones está en una especie de equilibrio cuando el sistema tiene una situación de solvencia muy vulnerable y con una deuda muy elevada. Los responsables políticos españoles no están abordando la necesidad de una reforma a tiempo (...) La historia española muestra una tendencia a no hacer nada hasta que surge una crisis, sobre todo cuando se trata de abordar la reforma de la Seguridad Social”, destaca el informe.
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