La querella de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, sobre el comunicado de la Fiscalía avanza en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El juez ha pedido al ministerio público que le comunique la identidad del “máximo responsable” de la orden de emitir a los medios de comunicación la nota, que revelaba que fue la defensa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien ofreció al fiscal un posible acuerdo de conformidad.
Cabe recordar que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho suya en varias apariciones públicas la orden de lanzar el comunicado para “desmentir” varias informaciones periodísticas que apuntaban a que había sido el fiscal del caso quien había ofrecido en primer lugar el acuerdo al abogado de González Amador mediante un correo electrónico.
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En un nuevo auto, el magistrado instructor del TSJM, que ya había admitido a trámite la querella presentada por el novio de la presidenta madrileña por un posible delito de revelación de secretos, incoa diligencias previas y acuerda las primeras diligencias de investigación. Entre ellas, solicita a la Fiscalía de Madrid que indique quién fue “máximo responsable” que autorizó la publicación de la nota de prensa que dio pie al proceso. La querella, a la que se sumó el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), se dirige en primera instancia contra la fiscal jefe de la Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto Torres.
El juez requiere al ministerio público que traslade “quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que procedieron a la redacción de dicho comunicado de prensa” y “quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido”.
Pide todas las comunicaciones entre el abogado y la Fiscalía
También requiere a la Fiscalía, entre otras diligencias, que remita una copia de todas las comunicaciones mantenidas por el ministerio público con el abogado de González Amador “con ocasión de la defensa del mismo antes y después de hacerse público el comunicado” de la Fiscalía.
Asimismo, reclama que aclare a qué personas, miembros del ministerio fiscal o no, se ha dado acceso o han podido tener copia de esas comunicaciones, y que remita un informe, si es necesario elaborado por el delegado de Protección de Datos, sobre las actuaciones que hubiera llevado a cabo “como responsable del tratamiento de los datos personales de don Alberto González Amador”, ante una posible “violación de la seguridad”.
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Alberto González Amador está citado el próximo 20 de mayo en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para declarar como investigado por un presunto fraude fiscal y un supuesto delito de falsedad documental.
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