
La Comunidad de Madrid anunció el pasado martes 9 de abril que reforzará el Plan Alquila mediante la ampliación del seguro de impago del alquiler, añadiendo una versión renovada de tres años. Hasta este cambio, el Plan Alquila contaba con dos años de seguro para jóvenes menores de 35 años y un año para el resto. Para el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso este cambio aportará “mayor seguridad jurídica” para los inquilinos residentes en la Comunidad.
Así lo explicó el consejero de Transporte, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. El consejero participó el pasado martes en la inauguración de la jornada ‘Construyendo el Madrid del Futuro’ que organiza Prensa Ibérica, donde afirmó que su Ejecutivo “antepone el modelo de colaboración pública-privada frente al intervencionismo”. Para Rodrigo, la vivienda es “un asunto que afecta a necesidades esenciales” y a los “proyectos vitales” de los jóvenes madrileños.
El Gobierno regional pretende anteponer “el pragmatismo a la ideología”, recordando algunas de las medidas que realizaron como los avales a jóvenes, el Plan Mi Primera Vivienda, las ayudas a la rehabilitación de vivienda o este último anuncio que aumenta la seguridad jurídica de los inquilinos. «La vivienda es un asunto que afecta a necesidades esenciales, comenzando por los proyectos vitales más acuciantes para nuestros jóvenes, una cuestión que es una prioridad para todos y que, desde el Gobierno regional, intentamos afrontar con un proyecto serio y riguroso», señaló Rodrigo.
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Según fuentes cercanas a la Comunidad, se estima que esta tiene en proceso de trámite suelos para más de 260.000 viviendas, que podrían acoger a más de 750.000 personas. Los proyectos, en su mayoría, están gestionados en la zona sur de la región. Rodrigo, al tiempo que destacaba las medidas relacionadas con su vivienda, ha asegurado que son “iniciativas que sabemos que funcionan y que están dando fruto, y que vamos a intensificar durante este bienio 2024-2025 junto con todos los sectores del mundo inmobiliario, constructivo y del alquiler en el marco del Pacto Regional por la Vivienda”.
Críticas a la ley del Gobierno
Rodrigo ha criticado duramente la gestión del Gobierno central en torno a la Ley de Vivienda, culpándola de “frenar la vivienda”. La ha calificado de “intervencionista al limitar la oferta y subir los precios”, recordando que dicha ley ha sido reconocida ante el Tribunal Constitucional como “lesiva para las competencias autonómicas y la libertad económica”. “Desde su entrada en vigor de esta ley, se ha producido una contracción del mercado y una importantísima reducción de la oferta de viviendas en alquiler. El texto genera inseguridad jurídica, algo que siempre es malo para que el mercado funcione correctamente”, ha asegurado, añadiendo que “intervenir el mercado y controlar los precios no es un buen instrumento”.
El consejero pide impulsar «otro tipo de medidas» para tratar la situación, que supone «un gran reto administrativo» cuyas soluciones deberían pasar por «el realismo» y «el entendimiento entre el sector público y el privado», así como desde el «diálogo sincero» entre las distintas administraciones públicas. “Nuestra obligación como sociedad es atender a quienes están en dificultad. Eso incluye los proyectos personales de muchos madrileños que dependen de su acceso a la vivienda”, finalizó.
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