El Consejo de Ministros ha aprobado, por segunda vez, el proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un proyecto que quedó en el aire al final de la anterior legislatura porque no dio tiempo a que el Senado diera su visto bueno y que tiene como objetivo incrementar la protección de los clientes financieros.
La ley, que podría entrar en vigor antes de que finalice 2024 , permitirá a los usuarios de servicios financieros presentar sus reclamaciones de forma gratuita en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo, lo que “dotará con un mayor grado de eficiencia la resolución de conflictos”, según ha manifestado el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.
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La nueva autoridad resolverá en un plazo máximo de 90 días las reclamaciones de personas físicas o jurídicas por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros. También irá contra las cláusulas abusivas declaradas como tales por los tribunales correspondientes en relación con los contratos financieros.
“Su resolución será vinculante para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros”, ha informado Carlos Cuerpo. Considera que con esta nueva figura “hemos completado la protección de los clientes financieros”.
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Cuerpo ha puesto varios ejemplos de en qué situaciones se puede reclamar ante la nueva autoridad: “cuando las entidades financieras nos cobren una comisión que no obedezca a ningún servicio, cuando el banco devuelva un recibo, como el del gas, por error o cuando una aseguradora se niegue a pagar algún siniestro que debe afrontar”.
La implantación de la nueva autoridad afecta a la totalidad de las entidades financieras, tanto de crédito como empresas de servicios de inversión, aseguradoras, establecimientos financieros de crédito, plataformas de financiación participativa, prestamistas e intermediarios de crédito, entidades de pago y de dinero electrónico o emisores y prestadores de servicios del denominado sector fintech y de servicios de criptoactivos.
La nueva figura unificará los servicios de reclamaciones que ahora existen en el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) con el propósito de aumentar la eficiencia en el funcionamiento de estas entidades de resolución de conflictos.
Los clientes financieros podrán acceder a la nueva autoridad de manera presencial o por medios electrónicos sin necesidad de abogado ni procurador.
Nueva tasa
La nueva autoridad se financiará con el pago de una tasa que abonarán las entidades financieras y que será variable en función del número de reclamaciones de cada entidad y de las resueltas a favor de los clientes, de tal manera que se ha eliminado la tasa considerada anteriormente de 250 euros por cada reclamación tramitada.
Además, se atribuye el conocimiento de los recursos judiciales que se puedan interponer contra las resoluciones vinculantes de la autoridad a los jueces y tribunales civiles, lo que también es una de las novedades respecto al texto inicial, introducida en el Congreso de los Diputados antes de la disolución de las Cortes, para garantizar una mayor protección de los clientes financieros.
Tramitación urgente
El Consejo de Ministros aprobó el 23 de enero de este año la tramitación urgente del Anteproyecto de Ley de creación de esta figura con el objetivo de acortar los plazos en su paso por las cámaras legislativas.
Con ello, el Gobierno buscó agilizar la creación de esta autoridad, después de que decayese su aprobación final por las Cortes el pasado mes de julio con la convocatoria anticipada de elecciones generales.
El anteproyecto, que estuvo en audiencia pública en la segunda quincena de diciembre, ya incluye las modificaciones que se aprobaron por la mayoría de diputados en el Congreso el pasado mes de mayo, durante el primer intento de aprobar la creación de este organismo.
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