El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una línea de 430 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos, dando cumplimiento así a lo acordado en enero con las comunidades autónomas durante la Conferencia Sectorial de Vivienda, y la ampliación del plazo de transferencia de las ayudas no dadas dentro del Programa de Rehabilitación a las Comunidades Autónomas.
Estos 430 millones de euros corresponden al ‘Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales’, que está dotado de 3.420 millones de euros -2.970 millones para rehabilitación efectiva en los hogares y 450 millones para deducciones o incentivos fiscales- para conseguir 160.000 actuaciones este año y 410.000 hasta junio de 2026.
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“Estos fondos están destinados a cambios, por ejemplo, de ventanas en una vivienda particular, digitalización, instalación de placas solares y fotovoltaicas, aerotermia o mejoras de zonas verdes”, ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Estos 430 millones son el “último reparto que pertenece al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)”, concretamente, al Componente 2, Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, dotado con más de 5.520 millones de euros, ha indicado Rodríguez.
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Viviendas en alquiler social
Dentro de este plan, 1.000 millones de euros están destinados al programa seis de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes; 1.080 millones de euros para el Plan de Rehabilitación de Edificios Públicos y 20 millones para la Agenda Urbana.
Al margen de ello, la titular de Vivienda ha recordado que hay 4.000 millones de préstamos para promotores para la construcción de vivienda a precios asequibles que se pondrá “en marcha en las próximas semanas”.
“Es decir, hemos hecho un esfuerzo sin precedentes y en el menor tiempo posible: 9.520 millones de euros destinados a la política de vivienda de nuestro país con el objetivo de afianzar la vivienda como el quinto pilar del Estado del bienestar”, ha expuesto Isabel Rodríguez.
Más plazo para transferir fondos a las CCAA
Durante la rueda de prensa, la titular de Vivienda ha recalcado que, dentro del Programa de Rehabilitación, faltan por repartir 329 millones de euros, correspondientes a Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla, por lo que el Gobierno ha aprobado este martes ampliar el plazo de transferencia al 31 de diciembre de 2024.
Así, ha indicado que la segunda anualidad del ejercicio 2022 estaba ligada al cumplimiento de un objetivo: certificar al Ministerio que ya habían resuelto ayudas por un 25% del objetivo intermedio del Plan, antes del 31 de marzo de 2024.
Sin embargo, algunas comunidades “necesitan más tiempo”, por lo que el Ministerio ha decidido ampliar el plazo hasta final de 2024. “No obstante, [las comunidades] tendrán que aumentar el ritmo y llegar al objetivo del 50% de resoluciones y, en el caso que no lleguen, el importe se transferirá a las que si puedan acreditar un 75% de las resoluciones”, ha indicado Rodríguez.
“Así vamos construyendo poco a poco ese quinto pilar del Estado de bienestar, donde estos fondos han sido una inversión sin precedentes en cuanto a su cuantía en tan poco tiempo, que es lo que hemos desplegado gracias a este esfuerzo que hizo el Gobierno de España”, ha recalcado.
Incentivos fiscales
Dentro del Programa de Rehabilitación, dotado con más de 3.420 millones de euros, la ministra ha destacado la partida de 450 millones de euros destinados a incentivos fiscales, gracias a la cual se podrán realizar deducciones de una parte del coste de la obra de rehabilitación de una vivienda.
Así, ha señalado que “cualquier persona” que quiera hace una obra de 5.000 euros en su inmueble para mejorar la eficiencia energética, cumpliendo el requisito de reducción de un 7% en consumo de calefacción y refrigeración, recibirá una ayuda del 40% y una deducción en el IRPF del 20% sobre la cuantía tras descontar la ayuda, por lo que se acabaría pagando “la mitad de lo que hubiera pagado sin esta ayuda de rehabilitación”.
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