Los alquileres caerán en picado con el nuevo índice de precios, aunque por ahora solo en Cataluña: el Gobierno pone como ejemplo bajadas de más de 800 euros

Tras la implantación del sistema en zonas tensionadas, una vivienda que ahora se alquila en la calle Sant Crist de Barcelona por 1.827 euros, bajaría hasta los 951 euros, casi la mitad

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Los alquileres caerán en picado con el nuevo índice de precios: el Gobierno pone como ejemplo bajadas de más de 800 euros.

La aplicación del índice de precios de referencia para regular los alquileres, recogido en la Ley de Vivienda, supondrá una bajada drástica de los alquileres en las zonas tensionadas de las comunidades autónomas que soliciten su implantación, según ha manifestado el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. Ha puesto varios ejemplos de cómo podrían bajar las rentas en Barcelona, ya que el rango que establece el índice está muy por debajo de las ofertas que se publican en el mercado.

Así, una vivienda en la calle Valencia de la Ciudad Condal por la que ahora sus propietarios piden un alquiler 1.660 euros mensuales, tras la aplicación del índice el alquiler máximo que podrían solicitar sería de 984 euros. según Lucas. Algo parecido ocurre con un piso de la calle Madrazo, por el que sus propietarios piden una renta de 1.172 euros, que se quedarían en 847 euros tras la implantación del sistema. El ejemplo señalado por Lucas en que más se percibe esta diferencia de renta es en un inmueble de la calle Sant Crist, por el que ahora sus dueños piden un alquiler de 1.827 euros, que se quedaría en 951 euros como máximo, casi la mitad.

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“El nuevo sistema permitirá establecer un control de precios del alquiler en zonas tensionadas”, y “facilitar el acceso a la vivienda en renta”, ha señalado Lucas. Con ello también se pretende “generar una bajada de precios donde se están produciendo movimientos especulativos por parte de los grandes tenedores de vivienda”, ha añadido.

El índice, que afecta básicamente a grandes tenedores -que poseen más de 10 inmuebles en zonas tensionadas, sean personas físicas o jurídicas- consistirá en un sistema de rango de precios de alquiler que establece precios máximos y mínimos a partir de las características que tengan las viviendas de esas zonas tensionadas, como la superficie, el estado conservación, si tiene ascensor o no, aparcamiento, año de construcción o zonas comunes. El índice también se aplicará a las viviendas que se introduzcan en el mercado del alquiler y que no hayan sido alquiladas en los últimos 5 años.

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Cuando la vivienda ya esté alquilada en esas zonas, se referenciará al contrato anterior aunque se podrán hacer algunos ajustes al alza si la vivienda ha sido mejorada o tenga certificado energético. Mientras que para los pequeños propietarios existe un tope en las actualizaciones de los contratos del 3%.

El Consejo de Ministros aprueba una línea de avales para la adquisición de viviendas. (Europa Press)

Implantación en marzo

El índice se publicará hoy en la web del Ministerio de Vivienda y después de un periodo de información de 10 días para que las comunidades autónomas que lo deseen implantar declaren las zonas tensionadas y, una vez publicadas estas, si todo es correcto se cumplirá un plazo legal de uno o dos días, tras los cuales, se aplicaría el límite de las rentas en esas zonas. Tras publicarse en el BOE, tendrá una vigencia de 3 años prorrogables si persisten las tensiones en los precios.

Eso sí, para implantarlo, las comunidades autónomas deben solicitarlo. Por el momento, solo Cataluña ha pedido declarar zona tensionada para 140 municipios de la comunidad. No obstante, otras regiones como Asturias, País Vasco o Navarra han manifestado su interés en establecerlo en sus territorios, aunque “no lo han verbalizado al ministerio”, ha señalado Lucas, por lo que ha invitado a las comunidades a declarar zonas tensionadas.

El índice será homogéneo para todo el territorio nacional, es de base tributaria, por lo que se ha utilizado la última declaración de la renta de los distintos propietarios, que en el caso de este año será la de 2022, y se actualizará anualmente, con la última declaración a la renta disponible.

El objetivo de este mecanismo ha sido, según ha indicado Lucas, garantizar la seguridad jurídica y económica y la mayor solvencia con un sistema técnico y riguroso que deberá ir perfeccionándose según vaya evolucionando. Para ello, se va a hacer un seguimiento con la comunidades que decidan aplicarlo.