Yolanda Díaz ha puesto el foco en el cumplimiento de los horarios laborales. Concretamente, la ministra de Trabajo ha planteado mejorar el registro horario y que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tenga acceso de manera remota a esta herramienta de control horario para evitar el fraude. Una medida llamada a cumplir la hoja de ruta que el Ejecutivo envió a Bruselas, que se aplicará en las empresas de más de 50 empleados. Sin embargo, dado que España es un país donde el tejido empresarial está compuesto principalmente por pymes, la aplicación de este control horario será bastante parcial.
“España tiene una deuda con la Unión Europea y, en concreto, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos pide que el registro sea accesible, fiable y transparente y, por lo tanto, hemos trasladado a los interlocutores sociales cuáles son los elementos que hacen que el registro horario cumpla estas exigencias que derivan de la Unión Europea”, ha sentenciado el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.
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Sin embargo, teniendo en cuenta las cifras empresariales en España, esta medida tendrá muy poco alcance. A cierre de 2023 había inscritas en la Seguridad Social 32.067 empresas que contaban con una plantilla igual o superior a los 50 trabajadores -umbral establecido por Trabajo para la aplicación de esta medida- frente a las 1.306.124 compañías que cuentan con una cifra de trabajadores menor. Así, sólo tres de cada cien empresas españolas se vería afectada por este registro digital, concretamente el 2,4%.
Una estadística en la que han hecho hincapié los sindicatos. La secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha instado a tomar “algún tipo de medida” para garantizar que el registro horario en las empresas de menos de 50 trabajadores sea efectivo y se haga a través de medios “que sean fiables, que no sean manipulables y que por lo tanto ese control horario sea objetivo”. Sobre las empresas de más de 50 trabajadores, Vicente considera que no sólo debe ser un sistema fiable al que tenga acceso la Inspección de Trabajo, sino que se debe cumplir lo contemplado en la normativa para que también tenga acceso al mismo la representación legal de los trabajadores y los trabajadores tengan información puntual sobre su registro horario.
Eleva las sanciones
Además, Trabajo ha elevado a los interlocutores sociales la necesidad de reforzar el aparato sancionador en materia de tiempo de trabajo para que sea “eficaz y suficientemente disuasorio” de las conductas que ponen en peligro el cumplimiento íntegro de las normas de jornada. En este sentido, ha indicado que se explorará que las sanciones no se produzcan por empresa, sino por cada trabajador.
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Por otro lado, Pérez Rey ha aclarado que la reducción de la jornada se realizará garantizando el cómputo anual de la misma para garantizar la flexibilidad en la aplicación de esta reducción, tanto para empresarios como para trabajadores. Así, habrá dos referencias en la ley: la jornada semanal y la jornada en cómputo anual, pues la mayor parte de los convenios contemplan la jornada en términos anuales. La propuesta de Trabajo para la reducción de jornada, medida que beneficiará a unos 12 millones de personas, se enviará en los próximos días a los agentes sociales por escrito y se discutirá en una próxima reunión que el secretario de Estado de Trabajo no ha precisado aún cuándo se producirá.
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