El Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, recibió la semana pasada los primeros 500.000 euros procedentes de la responsabilidad civil que tenían que pagar algunos de los condenados por la ‘Gürtel’, uno de los mayores casos de corrupción de nuestro país. Boadilla fue uno de los principales epicentros de la trama. De hecho, la Audiencia Nacional abrió una pieza separada para investigar solo las irregularidades cometidas por Francisco Correa en esta localidad. El caso ya se juzgó y en abril de 2022 la sentencia condenó a 23 personas, imponiendo la pena más alta (36 años de cárcel) al exalcalde de la ciudad, el popular Arturo González Panero alias ‘el albondiguilla’.
El caso se destapó en 2009, después de que un concejal expulsado del PP, José Luis Peñas, grabara durante dos años los tejemanejes de la trama y aportara las pruebas a la Policía Nacional. Quince años después de las primeras detenciones, el Consistorio de Boadilla, que sigue gobernado por el PP y que se personó como acusación popular, se congratula de poder empezar a recuperar parte del saqueo a las arcas públicas que Correa ejecutó durante años en esta rica localidad del oeste de la región, donde amañó contratos e hizo grandes negocios.
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Los 500.000 euros que han sido ingresados en la cuenta del Ayuntamiento proceden de la responsabilidad civil de uno de los 23 condenados, uno de los empresarios más importantes de Castilla y León, José Luis Ulibarri, que además controló durante años varios medios de comunicación de esta comunidad, entre ellos la televisión pública. Ulibarri fue condenado en 2022 a 19 meses de prisión por los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública, falsedad documental continuada, delito contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Ulibarri optó por colaborar con la Justicia pocos meses antes de que arrancase el juicio en el que se exponía a una condena de siete años de cárcel.
El 28 de octubre de 2005, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado entonces por Arturo González Panero, adjudicó a UFC (propiedad de Ulibarri) una parcela municipal en la que el constructor quería levantar 139 viviendas de lujo. En esos momentos ese empresario editaba varias cabeceras como El Diario de Soria, El Mundo de Valladolid, El Diario de León y El Correo de Burgos. Tres días antes, el 25 de octubre, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales había certificado que UFC no estaba inscrita como empresa cotizante en la Seguridad Social. Además, la oferta de UFC no había sido la más ventajosa para las arcas del Ayuntamiento. Otras dos empresas que también habían pujado por la parcela ofrecieron al Consistorio 39 millones de euros, mientras que Ulibarri, que finalmente fue el adjudicatario, pagó 35 millones. Las conclusiones de la Policía es que Ulibarri pagó un millón de euros en sobornos gracias a la mediación de Correa.
Ulibarri señaló durante el juicio que el pago de la comisión se hizo efectivo tras la adjudicación. “Ya está adjudicado. Ahora me tienes que pagar”, me dijeron. “¿Cómo lo hago?”, preguntó Ulibarri. “Me pasaron dos facturas de una empresa que es CGI (Consultoría y Gestión de Inversiones) que luego he visto que era de un socio de Correa que yo no conocía, lo conocí a posteriori y yo hice dos pagos de 500.000 euros”, reconoció. “Esos servicios eran falsos y eran para el pago del señor Correa. Yo admito el error”, señaló.
Otros 150.000 euros en propiedades subastadas
El Ayuntamiento también espera en breve ingresar otros 125.000 euros procedentes de otros de los condenados, Tomás Martín Morales, quien fuera alto cargo del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal de la Vivienda. Apodado como ‘Míster Rotondas’ por su gusto por construir glorietas en el municipio y como ‘el santo’ por la trama, pactó con la Fiscalía varias penas que suman seis años y dos meses de prisión por los delitos de malversación, tráfico de influencias, contra la Agencia Tributaria, blanqueo, asociación ilícita, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento mercantil. Ha aportado bienes que ahora deben ser subastados por la Audiencia Nacional para que el Consistorio pueda ingresar ese dinero.
No hay que olvidar que en la sentencia de 2022 la Audiencia Nacional también condenó al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama de corrupción ‘Gürtel’ en el municipio de Boadilla’. El PP tuvo que devolver 204.198,64 euros de los que se habría beneficiado por la actuación de la red que dirigía Francisco Correa.
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