El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en el verano de 2021, al asegurar que “las autoridades competentes actuaron con el convencimiento de ajustarse al ordenamiento jurídico e inspiradas por el interés superior del menor. El Tribunal Supremo confirmó en una sentencia conocida este lunes que dichas devoluciones fueron ilegales.
Grande-Marlaska comparece este martes en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde los grupos de la oposición han centrado sus críticas en la devolución de menores en Ceuta en agosto de 2021. De hecho, el ministro acude a la cámara baja también a petición del PP, que exige explicaciones tras la sentencia del Tribunal Supremo después de pedir la dimisión del titular de Interior.
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En su sentencia, el Tribunal Supremo confirmó, como ya habían concluido un juzgado de Ceuta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que las devoluciones fueron ilegales al considerar que no se siguió el procedimiento administrativo individual previsto en la Ley de Extranjería, que exige información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención de la Fiscalía.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo dictaminó que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos, pues estas personas se vieron expuestas al “peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico”, ya que las autoridades no hicieron “ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales”, según informó el alto tribunal.
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La sentencia también reconoció la gravedad de lo ocurrido los días 17 y 18 de mayo de 2021 en Ceuta, cuando se produjo la entrada masiva e ilegal de unas 12.000 personas, de ellas unos 1.500 menores. Según la Sala, ello supuso un extraordinario reto tanto para el Estado como para Ceuta.
“Respeto a todas las resoluciones judiciales”
Preguntado por esta sentencia, Grande-Marlaska, en primer lugar, ha expresado su “respeto a todas las resoluciones judiciales, como es preciso en un Estado de Derecho”. Bajo esa premisa, el titular de Interior ha defendido que “las autoridades competentes actuaron con el convencimiento de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el interés superior del menor, que es un principio que rige de una forma taxativa y expresa al conjunto de poderes del Estado y al Gobierno”.
En la misma línea, ha cerrado su declaración ante los periodistas subrayando que está “absolutamente convencido de que las autoridades competentes, en este caso, como en otros, actuaron con el convencimiento pleno de ajustar su actuación al ordenamiento jurídico e inspiradas en todo momento por el interés superior del menor”.
Después, durante su comparecencia en la comisión de Interior, se ha escudado ante los diferentes grupos parlamentarios al asegurar que “el Ministerio del Interior no era parte” en el procedimiento sobre el que se pronunció el Supremo, que rechazó los recursos del Gobierno de la Ciudad de Ceuta y la Delegación del Gobierno.
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