Más de 8.000 empresas han abandonado Cataluña desde el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, un hecho que ha desencadenado importantes consecuencias económicas para la región. El éxodo empresarial comenzó incluso antes del mencionado referéndum, considerado ilegal por el Estado español. En el año previo a la consulta, el número de empresas que decidieron abandonar tierras catalanas ascendió a 275 empresas.
Durante 2017, el año que estuvo marcado por el procés y la gestión de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat, 1.863 empresas trasladaron su sede fuera de Cataluña, mientras que solo 546 optaron por establecerse en la región, resultando en un balance negativo de 1.317 empresas. En total, los datos recabados por Informa D&B indican que en los últimos seis años, se han marchado más de 8.000 empresas cuyas ventas sumaban más de 56.000 millones de euros.
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Entre las empresas del Ibex 35 que decidieron trasladar su domicilio social destacan Banco Sabadell, que se instaló en Alicante, y CaixaBank que eligió Valencia para su nueva sede. Ambas entidades representaban un significativo porcentaje del balance financiero de la comunidad.
Otras grandes compañías del Ibex 35, como Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), Abertis, Inmobiliaria Colonial y Cellnex, decidieron volar rumbo a Madrid. Asimismo, en el mercado continuo se observó una tendencia similar con Applus, líder del sector de las ITV en Cataluña, y otras empresas notables como Dogi, Cementos Molins, Service Point Solutions, Oryzon y eDreams.
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No solo las empresas listadas en bolsa hicieron las maletas, compañías líderes en diversos sectores también buscaron nuevos horizontes. Codorníu, emblema del cava catalán, se trasladó hasta Haro, en La Rioja; el Grupo Planeta, referente del mundo editorial y audiovisual, también cambió de sede, al igual que aseguradoras de peso como Catalana Occidente, VidaCaixa y MGS Seguros. El sector financiero vio a Banca Mediolanum marcharse, al igual que destacadas firmas en salud, alimentación y turismo, como DVD Dental, Laboratorios Ordesa, Bimbo, y la cadena hotelera Hotusa, entre otras.
Esta oleada de relocalizaciones no se limitó a las grandes corporaciones, sino que también afectó a un considerable número de pymes y empresas familiares, que contribuyeron a un cambio significativo en el tejido empresarial catalán.
JxCat y las sanciones a las que no quieran volver
La idea de JxCat es que el Gobierno que incluya beneficios fiscales para las empresas que regresen a Cataluña y sanciones para aquellas que no quieran hacerlo. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que Junts quiera cambiar la legislación para multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña a cambio de apoyos para el Gobierno y ha señalado que hacer eso “se llama regulación en vena o se llama comunismo”. Además, ha señalado que esa medida provocará que no se creen empresas.
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Así lo han adelantado fuentes del Ministerio de Trabajo citadas por ‘ElDiario.es’, si bien aún deben ser confirmadas en el Consejo de Ministros de este viernes, atrasado tras negarse los diputados de Sumar a entrar a la reunión extraordinaria
