La diferencia entre que la amnistía se tramite como proposición de ley o como proyecto de Gobierno

La ley de amnistía pactada entre el PSOE y ERC el pasado 31 de octubre se presentará como proposición de ley en los próximos días. Se ha elegido este formato porque el Ejecutivo en funciones no puede presentar proyectos de ley, según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

La fórmula elegida por el Gobierno socialista en funciones exige unos tiempos parlamentarios menores, lo que permite agilizar el proceso de tramitación y cumplir con la exigencia de los grupos independentistas de que la ley de amnistía se registre antes de la investidura.

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Las diferencias entre proyecto y proposición de ley

El proyecto de ley es una propuesta escrita para crear, modificar, adicionar o suprimir una ley o un decreto. Este debe presentarse y aprobarse primero por el Consejo de Ministros y, posteriormente, se remite al Congreso de los Diputados.

En cambio, la proposición de ley se presenta directamente al órgano legislativo competente, en este caso, el Congreso de los Diputados. A su vez, debe introducirla un órgano distinto al Gobierno, ya sea el Congreso, el Senado o una iniciativa legislativa popular.

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A diferencia del proyecto de ley, la proposición no necesita informes perceptivos como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un trámite que dilata los tiempos parlamentarios. Es más, existe la posibilidad de pedir un procedimiento de urgencia, que acortaría los plazos a la mitad. En este caso, la ley podría aprobarse en el plazo de dos meses.

La proposición de ley puede presentarse a petición de un diputado con la firma de otros catorce o de un solo grupo parlamentario con la firma de su portavoz. Una vez se registre la iniciativa, la Mesa del Congreso, en la que la izquierda tiene mayoría, debe dar luz verde y llevarla a debate en el pleno. De aprobarse su tramitación entre los parlamentarios, la proposición pasaría a una comisión para que las formaciones políticas puedan incluir enmiendas, que se votarán nuevamente en el Congreso.

El Senado, punto de conflicto

Una vez se aprueba la proposición en la Cámara Baja, se envía a los senadores. Es aquí donde la ley de amnistía puede encontrar obstáculos, pues el PP tiene la mayoría absoluta en este órgano. Así, podría retrasar su tramitación, enmendar el texto o incluso vetarlo.

El Senado dispone de 20 días naturales para aprobar las iniciativas declaradas como urgentes en el Congreso. Pero una reciente reforma al artículo 133 de su reglamento, registrada por el PP, le da potestad para decidir si es pertinente o no aplicar el procedimiento de urgencia a una proposición de ley. Los populares tendrán aquí la oportunidad de dilatar la aprobación de la amnistía.

Cabe resaltar que, en el caso de que el Senado vete la iniciativa, el Congreso tiene la posibilidad de revocarlo si prueba por mayoría absoluta la primera versión enviada a la Cámara Alta o a los dos meses por mayoría simple.

La tramitación de la ley de amnistía es clave para la investidura de Sánchez como presidente y la formación de Gobierno, prevista para los próximos 8 y 9 de noviembre. Por el momento, los socialistas solo han conseguido llegar a un acuerdo con ERC, pero necesitan todavía los apoyos de Junts per Catalunya.