
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso da sus primeros pasos de legislatura y la Consejería de Educación ya ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) algunos planes de enseñanza relevantes y que han recibido incluso la buena acogida de la oposición política, aunque las formas de ejecutarlo sí han generado conflicto entre las partes.
Durante esta semana, el Gobierno del PP anunciaba un programa piloto de auxiliares de danza en primaria financiado con fondos públicos. Esta actividad ha sido una de las incorporaciones del Gobierno de Ayuso para el currículo educativo de la Comunidad de Madrid. La idea es que con este tipo de asignaturas se combata “el sedentarismo infantil, la obesidad, el riesgo de depresión, y el aislamiento” además de fomentar “el conocimiento y la difusión de la danza, el folclore y la cultura popular”.
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Sin embargo, la forma de aterrizar el plan en los colegios es el punto negativo del proyecto. El personal auxiliar que lleve a cabo estas funciones no percibirá un salario y no tendrá los derechos de un trabajador, ya que la fórmula para financiar los puestos será mediante subvenciones, una diferencia significativa de cara a la vida laboral de quienes accedan a estos oficios.
Tal y como reza el artículo 8 de la convocatoria, los ingresos que perciban estos auxiliares “en ningún caso” será en “consideración de salario o remuneración, sino de ayuda económica para cubrir los gastos ocasionados por el programa y no devengará derecho alguno a indemnización por finalización del programa”.
La Consejería de Educación sostiene que la decisión es correcta y asegura a Infobae España que “esta fórmula, consolidada desde hace años con los auxiliares de conversación —personas que asisten al profesorado cuando el idioma es una barrera— que asisten a los maestros en los colegios, permitirá a los artistas simultanear su labor profesional en espectáculos con la labor que realicen en las aulas”.
Sin embargo, hay numerosas sentencias que condenan este tipo de fórmulas que la Consejería aprueba. Por ejemplo, la Consejería de Educación de Granada fue denunciada por “fraude de ley” ante este tipo de relaciones laborales y se exigía que estas personas fueran dadas de alta en la Seguridad Social. La misma Comunidad de Madrid, en 2014, ya perdió un juicio frente a un auxiliar de conversación despedido y las conclusiones lanzadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y los analistas que profundizaron en el caso es que había una evidente relación laboral.
Tras la publicación del artículo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha querido insistir en que “en absoluto” esos trabajadores “van a trabajar sin cobrar”, tal y como ya contaba este medio. Tendrán ingresos, pero no percibirán un salario porque todo se tramita vía subvenciones y no como trabajadores. “La fórmula que se ha elegido para poner en marcha el programa piloto de auxiliares de danza para impartir esta disciplina a más de 13,000 alumnos de medio centenar de colegios de Primaria de la región es la de la convocatoria de ayudas para subvencionar a los profesionales sus gastos de manutención y otros ocasionados por su participación en el programa, siguiendo el modelo ya implantado para los auxiliares de conversación extranjeros en el programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid”, insiste el ejecutivo.
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“Un instrumento de precarización”
“Nos encontramos, no ante una subvención o beca para que el auxiliar de conversación adquiera conocimientos y cultura de la lengua española, sino ante el refuerzo del aprendizaje de una lengua extranjera (...) por lo que supone una clara prestación de servicios de naturaleza laboral”, afirmaba María Rosa Vallecillo Gámez, profesora en la Universidad de Jaén, en un estudio sobre el caso titulado Una nueva y polémica zona gris: el caso de los auxiliares de conversación.
Jazmín Beirak, responsable de Cultura y diputada por Más Madrid, ha mostrado su oposición a la forma de tratar a los auxiliares de danza. “Lo que podría haber sido una excelente iniciativa para incorporar la danza en la escuela, se ha convertido en un instrumento más de precarización del sector. Había alternativas para hacerlo bien, como los planes de formación coordinados con los centros o las bolsas de empleo, pero eso implica una planificación, no actuar a golpe de improvisación”, ha asegurado a Infobae España.
La Comunidad de Madrid ha puesto el foco sobre estos movimientos artísticos y la Consejería de Cultura anunciaba la semana pasada que se pondría en marcha un Plan Integral de Danza que conllevaría la fundación y desarrollo de una compañía que recibiría el nombre de Ballet Español de la Comunidad de Madrid, con sede permanente en los Teatros del Canal y en el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.
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