El pasado mes de marzo, el Gobierno de coalición aprobó mediante un real decreto-ley un paquete de medidas urgentes para proteger a los deudores hipotecarios con menos recursos. Este documento, que lleva por nombre Código de Buenas Prácticas, contempla una serie de propuestas para aquellas personas que, pese a tener pendiente el pago de una hipoteca, se encuentran dentro del umbral de exclusión social o en situación de vulnerabilidad. Las entidades bancarias y todas aquellas compañías que, de manera profesional, se dediquen a la concesión de préstamos pueden adherirse de forma voluntaria a esta especie de código ético.
Las medidas contenidas en este documento promueven la implicación del sector financiero español en el esfuerzo requerido para aliviar la difícil situación económica y social de las familias que cumplan con los requisitos establecidos. El objetivo del Código de Buenas Prácticas no es otro que reestructurar la deuda hipotecaria o el déficit correspondiente al alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual.
El Código de Buenas Prácticas contempla tres fases de actuación. La primera, orientada a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria mediante la aplicación de un período de carencia en la amortización de capital y con la rebaja de los tipos de interés, que se extenderá durante cinco años. Del mismo modo, se ampliará el plazo de devolución del préstamo. Los beneficiarios de estas ayudas tienen que demostrar que están en situación de vulnerabilidad social, que el valor de la adquisición no supera los 300.000 euros y que se trata de una vivienda habitual.
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Las soluciones de los bancos
De no resultar suficiente la reestructuración anterior, las entidades podrán, con carácter potestativo, ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de la deuda. Finalmente, si ninguna de las dos soluciones logra reducir el esfuerzo hipotecario de las familias, los beneficiarios podrán continuar en la vivienda con un derecho de alquiler. En estos casos, las familias podrán permanecer en su domicilio por un plazo de dos años siempre que abonen una renta asumible para su viabilidad financiera, que estará previamente acordada.
La protección que otorga este esquema a los deudores con dificultades económicas se concibe como un conjunto de medidas que tienen como objetivo aliviar la carga hipotecaria de aquellas familias que, contando con un volumen de ingresos limitado, se pueden encontrar con problemas a la hora de soportar dicha carga. De este modo, cuanto menores son los ingresos, quien solicita la aplicación de estas medidas de alivio puede optar a cuotas menores, tipos más bajos y plazos más amplios. En España, un total de 54 entidades financieras se han adherido al Código de Buenas Prácticas, entre ellas BBVA, Banco Sabadell, Banco Santander, CaixaBank, Abanca, Bankinter y múltiples cajas rurales.
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