Madrid se persona por primera vez para perseguir judicial y económicamente a un kamikaze

El pasado 8 de julio, un conductor de 35 años en estado de embriaguez que circulaba en sentido contrario chocó frontalmente de madrugada contra otro vehículo en el que viajaba una familia que iba de vacaciones. El accidente provocó la muerte del padre, de 42 años, y dejó gravemente heridos a su mujer, de 39 años, y al hijo de ambos, de cuatro años. El siniestro se produjo en el kilómetro 62 de la M-50, a la altura del municipio de Alcorcón.

Este miércoles, la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que se personará en la causa penal abierta contra el kamikaze, la primera vez que toma una decisión de este tipo. No solo en la acción penal, sino también en la acción civil para intentar recuperar el coste económico de los servicios de emergencia dependientes del Gobierno regional (bomberos y Summa 112) que tuvieron que intervenir en el accidente. Un coste que se eleva a 4.382 euros. De hecho, el kamikaze quedó atrapado dentro de su coche y tuvo que ser rescatado.

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La víctima se llamaba Juan Fernández, que había partido horas antes desde la localidad ovetense de San Claudio con su familia (su mujer Clara y su hijo Martín) para pasar unos días de vacaciones en Roquetas de Mar, en Almería. A su paso por Madrid tuvo el infortunio de cruzarse con este kamikaze, que llevaba varios kilómetros circulando en sentido contrario. Está acusado de los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad vial. Además, dependiendo de las secuelas que le queden a la mujer y al niño heridos, podría ser acusado de otro delito de lesiones.

En este momento, la investigación del accidente se lleva en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Alcorcón. Los servicios jurídicos del Ejecutivo regional han emitido un informe favorable para personarse como acusación particular y ejercer de forma conjunta acciones penales y civiles. Lo pueden hacer gracias a la Ley 5/2023, del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad de Madrid, aprobado en marzo de este año, que permite a la Administración personarse como acusación (y no solo como perjudicado) “en los procedimientos judiciales derivados de emergencias acaecidas en la Comunidad de Madrid cuyos hechos sean constitutivos de ilícito penal”, como es este caso.

Antes de esta ley, la Comunidad de Madrid se estaba personando solo como perjudicada en casos de incendios foestales provocados intencionadamente o por culpa de una negligencia. De hecho, desde el año 2020, el Gobierno regiona lo ha hecho en nueve procedimientos judiciales abiertos contra pirómanos que han causado daños en los montes madrileños, reclamando 137.000 euros por los costes económicos que conllevaron apagar estos fuegos. Ahora lo hará, por primera vez en un accidente de tráfico y como acusación.

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