Lío entre el Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) por la implementación de peajes en autopistas en 2024. La ministra de Trasportes, Raquel Sánchez, ha desmentido “categóricamente” las declaraciones del director de la DGT, Pere Navarro, que aseguraba que a partir del próximo año habría que pagar por el uso de estas vías por los acuerdos alcanzados con Bruselas. La titular de Transporte lo ha negado con rotundidad y ha recordado que el Gobierno eliminó la previsión de instaurar el pago por uso de las vías de alta capacidad de la futura Ley de Movilidad Sostenible.
Sánchez ha desmentido a Navarro y ha asegurado que “no tenía la información e informó de temas que no son de su competencia”. Asimismo, ha apuntado que esta medida debe contar con el consenso de los partidos políticos, las administraciones territoriales y el conjunto del sector de los transportes, y ha subrayado que “no tiene sentido plantear una medida como esta”.
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“Yo me remito a los hechos. Somos el gobierno que ha liberado los peajes. Hemos liberado 1.000 kilómetros de peaje en nuestro país y, por lo tanto, cuatro de cada diez kilómetros de peajes que existen en España han sido liberados gracias a las políticas del Gobierno socialista”, ha defendido Sánchez. Tras las declaraciones de Navarro, la propia DGT remitía un comunicado para lamentar la “confusión” de su director, precisando que el organismo no dispone de “ningún tipo de información directa ni competencias atribuidas para poder pronunciarse” sobre esta cuestión.
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Con motivo de la petición de los fondos europeos en el marco de la crisis del coronavirus, el Gobierno incluyó el estudio de un sistema de pago por uso en las autovías, en línea con lo que se hace en la mayoría de países europeos como en Francia, Italia o Portugal, que contribuiría a rebajar el déficit de 9.000 millones de euros que existe actualmente en la conservación de carreteras y hacerlas más seguras.
En cualquier caso, el Ejecutivo ha trasladado en varias ocasiones que en los próximos años se presentarán las conclusiones de ese estudio, pudiendo incluir desde un pago simbólico hasta el uso de viñetas, pudiendo excluir del pago a transportistas o plantear bonificaciones en función de la renta o incluso ser gratis para personas que se desplazan por motivos de trabajo o estudios.
Desde el mundo empresarial creen que la instauración de peajes es una necesidad para mantener en condiciones seguras las carreteras. Recientemente, desde la principal empresa operadora de autopistas, Abertis, se pidió a los dos principales partidos, PSOE y PP, que no se echasen en cara esta medida al ser “impopular pero necesaria”.
¿Qué dice la ley de movilidad sostenible?
En un primer momento, el Gobierno se mostró abierto a estudiar un sistema de pago para tipificar el uso de las autovías españolas a partir de 2024. La propuesta se plasmó en un borrador inicial del Plan de Transformación y Resiliencia que España presentó ante la Comisión Europea como llave para recibir los fondos europeos. Los peajes en las carreteras se aplican de forma generalizada en los principales países vecinos, entre ellos Portugal, Francia o Italia.
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En el primer acuerdo entre Bruselas y el Gobierno para ejecutar la primera fase del plan, formalizado en el documento Operational Arrangement, que se firmó en noviembre de 2021, se contemplaba la posibilidad de cobrar por hacer uso de las carreteras. El Ejecutivo se comprometía por escrito a impulsar una Ley de Movilidad Sostenible y en el primer borrador de la norma también se recogía la medida de los peajes. Sin embargo, en el texto definitivo que ha quedado pendiente de aprobar tras la disolución de las Cortes esta referencia ha sido eliminada.
De hecho, EH Bildu llegó a presentar una enmienda para recuperar la propuesta del sistema de pago.En la adenda, publicada el pasado mes de junio, este asunto vuelve abordarse en el componente 1, ya que en el apartado de reformas se recoge la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible en la que los matices no pueden ser más ambiguos: “Regulará actividades relacionadas con el transporte y la movilidad, incluyendo cuestiones relacionadas con la planificación y financiación de infraestructuras”. El próximo Gobierno de España, independientemente de su color, tendrá que decidir por lo tanto sobre el método de pago que se aplicará en las autovías.
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