El PP valenciano cede a Vox dos consellerías y la vicepresidencia que ocupará el torero Vicente Barrera

El PP y Vox han sellado este jueves su coalición para gobernar la Comunidad Valenciana. Tras dos días de negociaciones, el PP cede a Vox la vicepresidencia primera con competencias de la Conselleria de Cultura, encabezada por el torero Vicente Barrera Simó, además del departamento de Agricultura y el de Justicia, Interior y Gobernación.

Entre las 50 medidas acordadas por los dos partidos, está la eliminación de la tasa turística, un recorte presupuestario de la televisón pública À Punt, el pin parental en los centros educativos o un plan “antiokupación”. Además, entre los puntos del acuerdo se menciona la erradicación de la “violencia intrafamiliar”: “En especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”.

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El pasado martes, el PP de Carlos Mazón llegó a un acuerdo con Vox para gobernar el País Valencià, en el que la ultraderecha sacrificaba a su candidato, Carlos Flores, tras el veto de Génova por su condena por violencia machista, a cambio de incluirles en el Gobierno de Mazón.

Con ello, alcanzaban el primer acuerdo de coalición a nivel autonómico, en el que adelantaban que Vox tendría una participación decisiva. Dos días más tarde, ya han desvelado hasta dónde llega esa participación a través de un documento en el que además del reparto de consellerías, PP y Vox acuerdan 50 puntos.

Así, el nuevo Gobierno del PP y Vox se compromete, en materia de memoria histórica, a derogar las normas que “atacan la reconciliación en los asuntos históricos” y a aprobar una Ley de Señas de Identidad para proteger “los valores, costumbres y tradiciones” de la Comunidad Valenciana, eliminando las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan “los països catalans”.

En el ámbito económico, aprobarán nuevas ayudas a empresas, eliminarán el impuesto de sucesiones y donaciones y el de patrimonio, así como la tasa turística y reducirán “drásticamente” el tramo autonómico del IRPF. También acuerdan defender “en todas las instancias” la política de trasvases, como el del Tajo-Segura, e impulsar la ampliación de regadíos en el sector primario.

El acuerdo programático hace alusión a la radiotelevisión pública Á Punt, que además de someterse a recortes, también sufrirá cambios en sus contenidos, que tendrán que reconocer “la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto” para favorecer “la concordia” y respetar “los valores constitucionales”.

El modelo madrileño se extiende a la Comunidad Valenciana, donde las familias podrán elegir el centro al que van sus hijos, y también si darán clases en valenciano o en castellano, una medida que comprende todas las etapas educativas. El pin parental se instaurará en los colegios públicos, y aumentará la inspección educativa para “sacar la ideología de las aulas”.

El programa de gobierno de políticas sociales incluye una ley integral de protección a la familia, con ayudas al nacimiento y otras medidas para fomentar la natalidad. El documento no menciona ni la violencia machista ni la de género, pero sí la “violencia intrafamiliar”, tal y como la define Vox. Ambos partidos se comprometen a erradicarla, “en especial la que sufren las mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”.

En materia de vivienda, impulsarán un plan antiokupación, para poner a disposición de la justicia “todos los medios personales y materiales necesarios” para proteger la propiedad privada. También crearán una ofician especializada para el asesoramiento de las víctimas de okupación ilegal.

Vox también ha puesto su sello en lo que concierne a la migración. El Gobierno de coalición, aunque no tiene competencias en materia de seguridad, “pondrá en conocimiento” policial los “posibles casos de inmigración ilegal”. Además, eliminarán las subvenciones a entidades que “amparen esas prácticas”.

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