
La prohibición de acuerdos conciliatorios figura entre los puntos centrales de una iniciativa presentada por el Gobierno de El Salvador para endurecer las consecuencias penales de los delitos cometidos con vehículos de transporte público y de carga.
El proyecto contempla sanciones tanto para los conductores sin licencia como para quienes les permitan operar las unidades, según informó Diario El Mundo, diario salvadoreño.
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La propuesta remitida a la Asamblea Legislativa busca modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Su alcance abarca a conductores de transporte colectivo de pasajeros y de carga que circulen sin la autorización requerida, aun cuando no hayan generado un riesgo concreto para una persona.

La reforma plantea que conducir esos vehículos sin licencia o permiso sea considerado conducción peligrosa y reciba una pena de dos a cinco años de prisión. El proyecto también elimina la posibilidad de cerrar estos casos mediante conciliación, mediación o reparación integral.
Penas de hasta 15 años si hay víctimas
El proyecto eleva los castigos cuando la conducción peligrosa cause homicidios o lesiones. Para quienes conduzcan vehículos automotores, la pena podría alcanzar hasta 10 años de cárcel.
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En el caso de los conductores de transporte público o de carga, el máximo previsto sube a 15 años de prisión cuando el hecho provoque muertes o lesionados.
La iniciativa no se limita a los motoristas. También propone penas de cinco a 10 años para el propietario, poseedor o responsable de un vehículo de transporte colectivo o de carga de ocho toneladas o más que permita que otra persona lo conduzca sin la licencia correspondiente.
La sanción para esos responsables podría aumentar en un tercio si la decisión de autorizar a un conductor no habilitado deriva en un homicidio culposo o lesiones. Tanto los propietarios como los conductores también tendrían que responder civilmente por los daños, las lesiones o las muertes que ocasionen.
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Expediente derivado a la Comisión de Seguridad Nacional
La iniciativa ingresó al pleno legislativo y fue remitida a la Comisión de Seguridad Nacional, que tenía previsto abordar el expediente en una sesión posterior. El Gobierno también planteó cambios procesales para impedir la conciliación en casos de lesiones culposas, homicidios culposos y conducción peligrosa vinculados con vehículos de motor.
Las modificaciones incluyen el delito de facilitar vehículos de transporte público o de carga a personas sin autorización para conducirlos, según Diario El Mundo.

La propuesta apunta a que esas conductas mantengan abierta la acción penal hasta que exista una resolución judicial.
El endurecimiento de las sanciones coincide con una serie de accidentes recientes en los que estuvieron involucradas unidades de carga pesada. Los hechos llevaron a las autoridades a reforzar inspecciones, controles de circulación y revisiones técnicas.
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Dos accidentes con unidades pesadas en menos de 48 horas
El 30 de septiembre, una volqueta impactó contra 14 vehículos en el bulevar Constitución, en San Salvador. El accidente dejó dos personas fallecidas y al menos 13 lesionadas, según el Viceministerio de Transporte.
El ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, sostuvo ante Diario El Mundo que la unidad circulaba a más de 100 kilómetros por hora antes del choque.
Rodríguez señaló que la velocidad y un problema en los frenos impidieron que el conductor se detuviera a tiempo.
Las autoridades arrestaron al conductor de la volqueta, quien no contaba con el permiso especial exigido para operar ese tipo de vehículo. Durante las verificaciones posteriores, también detectaron otras unidades sin autorización para circular en la empresa propietaria del camión.
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Dos días después, un vehículo pesado estuvo involucrado en otro accidente múltiple en el sector de Los Chorros, sobre la carretera Panamericana. El hecho dejó cinco personas muertas y 27 lesionadas, de acuerdo con el diario.
El Viceministerio de Transporte implementó revisiones sobre componentes como neumáticos, frenos, sistemas hidráulicos, circuitos eléctricos y accesorios obligatorios de seguridad.
El titular de la institución, Nelson Reyes, informó que al menos 46 unidades de transporte pesado habían sido decomisadas por incumplir requisitos mínimos para circular.
La mayoría de esos vehículos recuperó la autorización tras la renovación de la tarjeta de circulación y la corrección de las deficiencias detectadas, indicó Reyes. Las medidas de control se mantienen mientras avanza la discusión legislativa sobre las nuevas penas propuestas.
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