El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del fallecido Catalino Miranda, a siete años de prisión por estafa agravada en perjuicio de una víctima a raíz de la gestión fraudulenta de un contrato de mutuo con garantías falsas.
Según información oficial de la cuenta de Centros Judiciales, los hechos que derivaron en esta condena se remontan a 7 años atrás, cuando la víctima otorgó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y prendaria por USD 1.800,000 a favor de Catalino Ezequiel Miranda Arteaga y su hermano José Braulio Miranda Arteaga, entonces representantes de ACOSTES de R. L. y ACOSTES de El Salvador S. A. de C. V.
El incumplimiento progresivo de los pagos dio pie a la intervención de Miranda Zepeda y a una compleja ingeniería contractual que sentó el precedente para la resolución judicial.
Fiscalía General de la República (FGR) y tribunal acreditaron que, el 16 de mayo de 2019, Miranda Zepeda solicitó al Centro Nacional de Registros (CNR) el retiro de un documento de cancelación de mutuo hipotecario sin inscripción válida, con la finalidad de subsanar salvaguardas planteadas por la institución.
Posteriormente, otra persona presentó el mismo documento, sin la firma legítima de la víctima y con la intervención de un notario cuya ausencia del país el día supuesto de la firma fue confirmada por la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La investigación determinó que Miranda Zepeda, en su rol de administrador único de ACOSTES de R. L., firmó con la víctima una novación del contrato de mutuo, dejando 78 buses en garantía prendaria. Sin embargo, tras la suscripción, esas unidades respaldaron otras operaciones crediticias con instituciones financieras adicionales. El tribunal concluyó que esto reflejó dolo en la administración y gestión de las garantías.
El caso concluyó con una sentencia de siete años de prisión para Miranda Zepeda, establecida tras probarse la falsificación y duplicación de garantías sobre bienes muebles y la falta de respaldo real para una deuda millonaria.
El tribunal también dictaminó en abstracto la responsabilidad civil, autorizando a la víctima a reclamar por la vía correspondiente. La imposibilidad de establecer el monto exacto del daño económico surgió tras conocerse que la víctima ya había conciliado con José Braulio Miranda Arteaga, uno de los imputados principales.
De empresario del transporte a figura judicial: el caso de Catalino Miranda
Catalino Miranda fue un empresario salvadoreño dedicado al transporte público, conocido por su papel como representante de ACOSTES de El Salvador, S.A. de C.V. y de la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L.
Durante más de dos décadas, Miranda tuvo a su cargo rutas emblemáticas como la 42 y la 152, que conectan San Salvador con Zaragoza, La Libertad.
En marzo de 2022, Miranda fue detenido por medidas contra empresarios del transporte que aumentaron el precio del pasaje. Se le acusó de desórdenes públicos y venta a precio superior, delitos por los cuales aceptó responsabilidad en un proceso abreviado y fue condenado a tres años de prisión.
Paralelamente, enfrentó cargos por falsedad ideológica y falsedad material, relacionados con la presentación de documentos falsos para obtener créditos millonarios y la manipulación de documentos de hipotecas.
Permaneció en prisión más de tres años, durante los cuales su salud se deterioró por insuficiencia renal crónica y un cáncer avanzado. La justicia le otorgó medidas sustitutivas a la detención poco antes de su fallecimiento, que ocurrió el 29 de septiembre de 2025. Tras su muerte, los procesos penales abiertos en su contra quedaron cerrados.
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