Entre aplausos, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves, con 57 votos a favor (de 60 legisladores), una nueva extensión de 30 días al Régimen de Excepción, mecanismo vigente desde marzo de 2022 que mantiene suspendidas varias garantías constitucionales en el país.
La decisión, respaldada por 56 votos a favor según documentación oficial, responde a una propuesta presentada por el Presidente Nayib Bukele a través del Consejo de Ministros y avalada por los titulares de seguridad, bajo el argumento de que persisten las condiciones que motivaron la suspensión de derechos fundamentales.
La medida implica la continuidad de la suspensión de los derechos de defensa, el plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia, regulados en la Constitución salvadoreña.
El decreto, que entrará en vigencia el 31 de enero, extiende el marco legal bajo el cual las autoridades pueden realizar detenciones sin orden judicial y mantener a personas privadas de libertad durante periodos prolongados.
El Régimen de Excepción fue implementado originalmente el 27 de marzo de 2022, en respuesta a un repunte de homicidios atribuido por el gobierno a la acción de pandillas.
Desde entonces, la medida ha sido prorrogada en múltiples ocasiones. Según cifras oficiales, el Ejecutivo sostiene que más de 91,000 personas han sido detenidas en el periodo, la mayoría bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado y estructuras terroristas.
El gobierno asegura que la estrategia ha permitido una reducción histórica en los índices de homicidios y la desarticulación de redes criminales.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la decisión legislativa como una herramienta “indispensable para preservar la estabilidad y proteger a la población salvadoreña frente a posibles repercusiones externas”.
El oficialismo argumenta que la colaboración con países como Estados Unidos ha permitido la captura de cabecillas criminales que, en algunos casos, han sido deportados y detenidos a su ingreso al país.
El texto del decreto aprobado remarca que la suspensión de garantías continuará “hasta que las condiciones de seguridad puedan considerarse lo suficientemente estables como para que no exista un retroceso”.
La prórroga, se fundamenta en la persistencia del fenómeno de las pandillas y el riesgo de reorganización de estas estructuras en la región, con referencias a recientes incidentes delictivos en países vecinos como Guatemala.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por las consecuencias del régimen. El gobierno sostiene que el Estado debe tutelar el derecho a la vida y la seguridad como bienes jurídicos supremos, en cumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Carta Magna.
“La defensa y el combate frontal contra los terroristas debe mantenerse a través de las medidas extraordinarias previstas en el régimen de excepción”, establece el decreto.
La prórroga del régimen se mantendrá vigente hasta el 1 de marzo de 2026, de acuerdo con el texto oficial. El debate sobre el balance entre seguridad y derechos fundamentales continúa abierto, mientras la Asamblea Legislativa mantiene el curso trazado por el Ejecutivo y las familias de desaparecidos insisten en su demanda de justicia.
Las consideraciones
Esta prórroga se enfoca en la continuación de restricciones a derechos constitucionales específicos para sostener las operaciones de seguridad que lideran la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, según consta en los considerandos del decreto.
En el último periodo, las autoridades realizaron capturas masivas de integrantes de estructuras criminales dedicadas, entre otras acciones, a reclutar y amedrentar a jóvenes dentro y fuera de entornos escolares.
Esta intervención demostró, según el documento, que persiste la tentativa de reorganización de las pandillas en el país, lo que confirma la gravedad del fenómeno y refuerza la necesidad de mantener las políticas de excepción para proteger a la juventud y los menores.
Las políticas de seguridad permitieron debilitar los grupos armados, neutralizar agresiones contra agentes policiales y desarticular redes criminales que sostenían su actividad mediante logística y financiamiento interno y externo.
Además, la colaboración continua con Estados Unidos y otras naciones vecinas posibilitó la captura y deportación de integrantes y jefes de pandillas, quienes, en algunos casos, ingresaron al territorio salvadoreño por vía aérea.
Esta cooperación subraya el valor de la acción internacional en la lucha contra el crimen organizado. Ante ello, las autoridades consideran indispensable sostener medidas extraordinarias que aseguren el control interno y garanticen un ambiente seguro para toda la población.
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