
Desde que la Unión Europea decidió postergar la decisión de prohibir la fabricación y venta de autos con motores de combustión que entraba en vigor en 2035 y aplazar la medida sin una nueva fecha, la industria automotriz mundial pareció sentirse habilitada para anunciar drásticos cambios de rumbo como son suspender o reducir las inversiones en autos eléctricos y redirigirlas a fabricar autos convencionales e híbridos, que ya se venían gestando en silencio pero no se daban a publicidad porque implicaba ir abiertamente en contra de las regulaciones gubernamentales.
Pero esta semana, esa decisión de defender las finanzas de la industria y las fuentes de empleo del sector recibieron uno de los más fuertes respaldos que podían tener, el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tomó la decisión de revocar el denominado “dictamen de peligro” del año 2009, en lo que el propio Gobierno denomina como la mayor desregulación ambiental en la historia reciente del país y que impacta fuertemente en la industria automotriz norteamericana.
La decisión de Trump elimina la base legal que permitía al gobierno federal regular los gases de efecto invernadero, un pilar normativo que había sido instaurado durante el mandato de Barack Obama. Este “dictamen de peligro” consideraba que seis gases principales, como el dióxido de carbono y el metano, constituían una amenaza para la salud pública y autorizaba a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a establecer límites estrictos a las emisiones de automóviles, centrales eléctricas y otras industrias.

La Casa Blanca calificó la revocación como un paso para “abaratar los automóviles” y aseguró que los fabricantes de autos ahorrarían hasta USD 2.400 por vehículo con la eliminación de los controles actuales, que por ejemplo generaron el desarrollo de la tecnología Start/Stop, por la cual el motor de gasolina de los vehículos se detiene cuando estos dejan de avanzar y se vuelve a encender al soltar el freno o pisar el acelerador.
Este dispositivo fue parte de los sistemas adoptados por las automotrices para reducir las emisiones de CO2 en momentos en los que los automóviles no están circulando, aunque también implicó un sobrecosto de producción y un aumento en el precio de adquisición para los usuarios.
Karoline Leavitt, portavoz presidencial, afirmó que la desregulación permitirá un ahorro superior a un billón de dólares y contribuirá a reducir el precio de la energía y el transporte. El gobierno sostiene que la norma de 2009 fue “una política desastrosa de la era Obama que perjudicó gravemente a la industria automotriz estadounidense e incrementó drásticamente los precios para los consumidores”, según las palabras de Trump.
Pero mientras el presidente de Estados Unidos sostiene que la medida permitirá abaratar los costos de producción de vehículos, organizaciones ambientalistas y expertos advierten sobre consecuencias económicas, legales y sanitarias para el sector y la población.
“La medida consolida flexibilizaciones previas en los estándares de consumo, pero realmente pone a los fabricantes en una situación comprometida, porque nadie más querrá comprar autos estadounidenses”, dijo Michael Gerrard, experto en derecho climático de la Universidad de Columbia, a BBC Mundo.
Organizaciones ambientalistas como objetaron la medida. Peter Zalzal, directivo del Fondo de Defensa Ambiental advirtió que la decisión “obligará a los estadounidenses a gastar más dinero, alrededor de 1,4 billones de dólares en combustible adicional, para impulsar vehículos menos eficientes y más contaminantes”.
La situación de las automotrices
Las últimas fueron Ford y Stellantis reconocieron abiertamente que deberán asumir pérdidas por valores de USD 19.500 y 26.000 millones a causa de haber adaptado su estrategia de electrificación a una menor demanda y a la cancelación de proyectos y vehículos ya en producción, mientras que Volkswagen anunció el cierre de una de sus más emblemáticas plantas alemanas, en Dresde, donde sólo se producían autos eléctricos.
En julio pasado, Luca de Meo decidió dejar repentinamente la dirección ejecutiva del Renault Group y salir de la industria del automóvil, en el momento en que la “Renaulution”, el proceso de revalorización y relanzamiento de Renault con una fuerte apuesta a los autos eléctricos, estaba dando sus mejores resultados financieros, pero previendo un escenario mundial de inestabilidad para esta tecnología.
En ese mismo sentido, al mismo tiempo de anunciar su mejor año histórico de ventas a nivel mundial, Toyota Motor Corporation anunció que reemplazará a su CEO global, Koji Sato, quien llegó hace tres años con la misión de “subir” a Toyota a la movilidad eléctrica a una mayor velocidad de la que lo estaba haciendo, por Kenta Kon, un hombre de finanzas (ex CFO del grupo), quien deberá redireccionar programas de alto costo para enfrentar la complejidad de una industria que lucha contra la expansión de marcas chinas subvencionadas por el Estado, y necesita mantener la competitividad de sus productos.
El efecto cascada de estas decisiones no sólo implica que la industria del automóvil haya redireccionado sus objetivos de reducción de emisiones por medio de los autos híbridos e híbridos enchufables.
En los últimos días se conoció la decisión de Stellantis de volver a equipar algunos modelos de vehículos utilitarios pequeños con motores diésel, en lo que podría ser un progresivo regreso a una tecnología que parecía destinada a desaparecer debido a la mala prensa que recibió a partir del Diéselgate de Volkswagen descubierto en el año 2015.
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