El presidente Javier Milei firmó una serie de decretos, todos ellos publicados en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, aprobando tres modelos de contrato de préstamo entre la República Argentina y dos organizaciones financiera internacional. Dos de ellos son con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno por USD 800 millones y otro por USD 400 millones, mientras que el tercero es con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo del Grupo Banco Mundial, por USD 300 millones.
La suscripción al préstamo por hasta USD 300 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) tiene por objetivo de financiar el “Programa de Modernización de los Servicios de Administración Tributaria”, según el Decreto 489/2025.
El Ministerio de Economía será el organismo ejecutor del programa y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) brindará la asistencia técnica correspondiente.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Andrés Caputo, faculta a estos funcionarios y a quienes ellos designen, así como al secretario de Finanzas, a suscribir el contrato de préstamo y toda la documentación relacionada, “ad referendum de que el Programa resulte aprobado por el Directorio Ejecutivo del BIRF”.
El texto oficial establece que el préstamo se destinará exclusivamente a la modernización de la administración tributaria, con el objetivo de “mejorar la eficiencia, transparencia y eficacia” del sistema.
Por otro lado, los préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son dos. El primero es por un monto de hasta USD 400 millones y tiene como finalidad financiar el “Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad”, una iniciativa destinada a mejorar el ambiente de negocios en el país. El segundo, por otro lado, corresponde a unos USD 800 millones y está destinado a financiar el “Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II”.
Ambas aprobaciones quedaron establecidas mediante la publicación de los decretos 488/2025 y 490/2025.
Tal como establecieron en la normativa del desembolso anterior, el ministro de Economía queda facultado para acordar modificaciones al contrato, siempre que no impliquen cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos, ni aumenten el monto o alteren el procedimiento arbitral pactado.
El texto oficial señala que “las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° AR-L1412 propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este tipo de contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo”.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el proceso y evaluó el impacto de las tres operaciones en la balanza de pagos. Según el dictamen citado en el decreto, la operación “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” y el impacto “será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.
Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía informó que “el costo financiero de los préstamos de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.
La aprobación de estos préstamos internacional se enmarca en la estrategia del Gobierno para fortalecer la política fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público, en un contexto de restricciones financieras y búsqueda de sostenibilidad macroeconómica.
Durante la jornada de ayer, se oficializó otro acuerdo con el BIRF. A diferencia de los aprobados hoy, el préstamo que recibió el Gobierno nacional por USD 230 millones tiene por objetivo financiar el “Proyecto Fomentar Mejores Empleos con Programas Integrados de Formación y Empleo”, que busca mejorar la empleabilidad de grupos priorizados y fortalecer los servicios de capacitación laboral en el país.
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