
La Argentina y el Fondo Monetario Internacional se embarcaron en los últimos días en un nuevo capítulo de una profusa historia en las últimas décadas y que en el horizonte aguarda por un nuevo acuerdo financiero, que puede incluir más apoyo financiero al plan del gobierno libertario.
Una serie de elementos determinantes definirán la suerte de las negociaciones, que tomarán mayor velocidad y que estarán íntimamente ligadas a la puesta en marcha de una próxima etapa del programa económico.
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El ministro de Economía Luis Caputo dio el puntapié inicial el martes pasado cuando anticipó que sobrevenía, una vez que el organismo diera el visto bueno a la octava revisión -algo que tuvo lugar el jueves- una negociación formal para un programa nuevo al Extended Fund Facility (EFF) todavía vigente, y manifestó la intención de que ese acuerdo eventual tenga además financiamiento neto adicional.
El sentido que el equipo económico le encuentra a un endeudamiento mayor con el FMI es el de conseguir un colchón de reservas en el Banco Central suficiente para que allane el terreno para levantar el cepo cambiario con riesgos macroeconómicos más leves -o descartados-.
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Las sumas con las que se especula son variables, pero el mercado ve desde 5.000 o 6.000 millones de dólares, hasta una hipótesis de máxima de USD 15.000 millones con asistencia de otros prestamistas bilaterales.
“Llevará un tiempo, pero hay que acordarlo con el Fondo y eventualmente (esperemos) con ese nuevo programa llegue nueva plata”, dijo Caputo.
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“Para salir del cepo hay cuatro condiciones: equilibrio fiscal, solucionar los stocks de demanda de dólares heredado, los flujos (de eso el 75% esto está solucionado). Y el cuarto es que haya un relación razonable entre reservas en el BCRA y los pasivos remuneados. No estamos ahí todavía. La cuarta es la que todavía tenemos que seguir trabajando”, planteó.

Tras ese primer aviso de Caputo, el FMI respondió dos días después con la luz verde a la octava revisión de metas fiscales y de reservas, las que correspondieron al primer trimestre del año y que el Gobierno sobrecumplió con margen. Hubo un tono de apoyo general al plan económico, pero también una serie de asteriscos hacia adelante. Primero lo hizo el directorio y horas después la subdirectora gerente Gita Gopinath.
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Buenos Aires y Washington: visiones cruzadas
Los temas sobre la mesa para la discusión que se viene parecen ser, centralmente, las características que tendrá el sendero de ajuste fiscal en los próximos meses tras el primer impacto de la licuación y el recorte de partidas presupuestarias de la primera parte del 2024. Lo que el FMI suele llamar la “calidad” del ajuste, y que remite a la sostenibilidad y a un reparto “equitativo” para que no recaiga sobre sectores vulnerables.
El Fondo resaltó el resultado fiscal en lo que va del año, pero dijo que “ahora se debe dar prioridad a seguir mejorando la calidad de la consolidación fiscal”. Esa “calidad” tiene nombre y apellido para Washington: Ganancias, subsidios, control del gasto y gasto tributario. “Más allá de este año, será fundamental profundizar las reformas de los sistemas tributario, de pensiones y coparticipación, para así gradualmente eliminar los impuestos distorsivos”.
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El Gobierno, en su “contracomunicado” del jueves por la noche tras la declaración del directorio, defendió su visión del ajuste para negar que haya tenido impacto social. “El equilibrio fiscal se alcanzó sin descuidar a la población más vulnerable, reforzando en forma significativa los programas sociales que, sin intermediarios, llegan en forma directa a los beneficiarios” y enumeró que la AUH subió 90% real en los últimos meses y las jubilaciones sin bono 3 por ciento.
Hubo otro párrafo en que el equipo económico prometió baja de impuestos, que operarían desde el segundo semestre de este año, si se cumplen ciertas condiciones.
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“Con la economía retomando el crecimiento y el efecto pleno sobre las cuentas fiscales de los cambios en las tarifas de energía, la actualización en el Impuesto a los Combustibles y la reducción en los gastos de funcionamiento, el Gobierno espera iniciar una reducción significativa en los impuestos más distorsivos, comenzando por el Impuesto PAIS una vez promulgada la Ley Bases. De esta manera también se cumpliría con los compromisos no cuantitativos asumidos en el Acuerdo”.

Otra discusión que se abrirá será la de la próxima página del manual de economía libertaria para la política monetaria y cambiaria. El Fondo Monetario fue, a través de Gopinath, bien concreta en lo que buscará en el ida y vuelta que se viene. Entre esas advertencias, aseguró que el “Gobierno deberá moverse a un esquema de tasas de interés positivas”, tras la fuerte licuación desde fines de 2023. Caputo pareció, el miércoles pasado, empezar a contestarle al FMI sobre ese tema.
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“Para apoyar la transición hacia un nuevo régimen monetario, en el que la estabilidad financiera y de precios sigan siendo los objetivos primordiales del banco central y donde el uso de divisas sea de libre elección, la tasa real de política monetaria se mantendría positiva para sostener la demanda de pesos y seguir reduciendo la inflación”, dijo la número 2 del FMI, que también habló directamente de un modelo bimonetario.
El Ministerio de Economía y el BCRA fueron menos específicos sobre lo que buscarán hacer en ese aspecto, pero prometieron una hoja de ruta de acá a fin de año.
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“El BCRA continuará conduciendo la política monetaria de manera flexible, prudente y pragmática. A partir del avance logrado en la recuperación de las herramientas de política monetaria y el control de los factores de creación de dinero, se ha previsto dentro del Acuerdo la presentación al FMI de un marco de programación monetaria a fin de junio de 2024″, dijo la autoridad monetaria.
Y, por último, la pregunta por el cepo cambiario. Los libros del Fondo Monetario no aceptan ese tipo de prácticas para una economía -como tampoco los tipos de cambio múltiples- pero el organismo ya tuvo que acostumbrarse desde hace cinco años a los controles cambiarios. De todas formas también pide una hoja de ruta clara para su levantamiento.

“La política cambiaria también debería hacerse más flexible para reflejar los fundamentos económicos, salvaguardar la desinflación, y el proceso de acumulación de reservas, sobre todo a medida que las medidas de gestión de los flujos de capital se levanten gradualmente en la medida que las condiciones lo permitan”, concedió Gopinath.
El equipo económico no fue específico con los tiempos, pero aseguró que procurará mantener la estabilidad macro. Esto es: el cepo no tiene fecha de vencimiento concreta y su eliminación estará atada a que no ponga en peligro un ritmo de inflación controlado y estable.
“El BCRA contempla avanzar en la liberación de controles cambiarios y en una mayor flexibilidad cambiaria siempre y cuando estas medidas no impliquen riesgos excesivos para el proceso de reducción de la inflación y fortalecimiento de su hoja de balance, tal como se refleja en el Acuerdo. El proceso lo definirán las propias autoridades de Argentina contemplando la evolución de las variables económicas relevantes, quienes compartirán con el FMI los parámetros que serán monitoreados, sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas”, dijo una alta fuente del equipo económico.
Es una incógnita cuánta más exposición podría sumar el organismo a deuda con la Argentina, que todavía debe repagar entre 2026 y 2032 y el préstamo EFF.
Y también se abrirá en algún momento una negociación política doméstica, ya que, si finalmente el programa tiene financiamiento adicional, requerirá del aval del Congreso, un reducto difícil para La Libertad Avanza.
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