Usar los mismos argumentos para llegar a conclusiones diferentes requiere un ejercicio intelectual importante. Pero en la mayoría de los casos el truco queda al descubierto. Esto es básicamente lo que descubrió la Sala Dos de la Cámara de Apelaciones de la Justicia de Lomas de Zamora con respecto a la responsabilidad de Pablo Moyano como presunto jefe de una asociación ilícita encarnada en la barra de Independiente. Con un fallo durísimo acerca de las resoluciones adoptadas por al jueza de primera instancia, Brenda Madrid, los magistrados Pablo Litte y Alejandro Rojas revocaron el sobreseimiento del jefe de Camioneros y lo dejaron al borde del juicio oral porque le ordenan a la jueza proceder nuevamente y salvo que ésta se inmole en función de los argumentos contradictorios que le achaca la Cámara, no le quedará otra alternativa que proceder con Moyano de la misma forma en que lo hizo con otros directivos y barras. Es decir, poniéndolo en el banquillo de los acusados.
Para entender la situación de Moyano hay que remitirse a la génesis del caso. Sobre finales de 2017 una investigación judicial llevada adelante por el fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, determinó que la barra brava de Independiente encabezada por Pablo Bebote Alvarez conformaba una asociación ilícita que se dedicaba a múltiples delitos en el ámbito deportivo y que además defraudaba al club en complicidad con altos miembros de la comisión directiva. En medio del proceso muchos barras, entre ellos Bebote y su segundo, Damián Langaronne, decidieron declarar como arrepentidos y contar todo lo que según ellos había ocurrido en esos años. Así mencionaron que cobraron dinero de los Moyano para voltear al anterior presidente, Javier Cantero, que la organización de las entradas y los micros para la barra provenían de Camioneros y que todo lo hablaban con Héctor Maldonado, secretario general del club y tesorero del gremio y también con Pablo Moyano a través de un barra que era custodio de éste, llamado Roberto Petrov, alias el Polaco. Y entre otras cosas aportaron mensajes de texto para probar esa relación. En esos mensajes, el triunvirio de la CGT era llamado por el apodo de “El Salvaje”.
Con este material Scalera pidió allanamientos y declaraciones. Se descubrió que en el garaje de Camioneros se guardaban artículos pertenecientes a la barra, como había afirmado Bebote Alvarez, y que en el cuarto piso del edificio de la Franco Argentina ubicado en Plaza de Mayo y donde funciona la empresa Integradores que realizaba todo el sistema informático de Independiente, una vez cada quince días Langaronne pasaba a buscar los tickets de la barra que obviamente se los llevaba sin cargo. Es más, los directivos de esta empresa declararon bajo juramento que esto era cierto y para justificar la entrega irregular de carnets y entradas a la barra admitieron que ellos sólo obedecían las órdenes del club. La defraudación parecía imponente: en su declaración indagatoria Maldonado había aceptado que en la final de la Copa Sudamericana 2017 que ganó el Rojo de Avellaneda, más de 12.000 personas habían ingresado al estadio sin que se registrara su venta de ticket en el club. Y lo justificó con “cuando hay partidos importantes la gente salta los molinetes”. ¿12.000 personas saltando molinetes? Para el fiscal Scalera todo se trató de la reventa que hizo la barra con anuencia de la dirigencia.
Con semejante panorama la Justicia avanzó prontamente contra los barras, primero poniéndolos presos y después elevando a juicio oral a Bebote Alvarez y a toda su cúpula más cercana. El primer magistrado a cargo de la causa fue Silvio Carzoglio, que terminó apartado y con un jury de enjuiciamiento cuando determinó que Pablo Moyano era ajeno a todo lo que se había gestado. Ahí quién tomó las riendas del caso fue la jueza Brenda Madrid, quién no sólo determinó responsabilidades en los barras sino también en los dirigentes del club mandando a juicio en 2019 entre otros a Héctor Maldonado, mano derecha de Moyano. ¿Con qué pruebas lo hizo? Con lo que habían aportado los barras más el resto de las declaraciones testimoniales y las pruebas colectadas en los allanamientos. Pero a la hora de definir la situación de Pablo Moyano, lo sobreseyó bajo el argumento que todo se había hecho a sus espaldas. Sí, que el tesorero por entonces de Camioneros y secretario general del club había armado la operación con Bebote Alvarez sin que “El Salvaje” como le decían los barras tuviera conocimiento de esto.
Ante este fallo, el fiscal Scalera apeló a la Cámara y su recurso recayó en la Sala Dos, que tras casi 15 meses de tenerlo dormido sacó esta tarde su resolución revocando el sobreseimiento de Pablo Moyano con durísimas críticas a la jueza. Le dice que si creyó en los testimonios de los otros implicados y de los testigos para mandar a juicio a varios dirigentes, no puede menos que hacer lo mismo con Moyano porque los testimonios le apuntan a él. Pasado en limpio: o cree todo, o no cree en nada. Y para la Cámara parece haber elementos contundentes para creer en todo. Ahora la jueza tendrá que revisar lo que hizo y dictar un nuevo pronunciamiento que, viendo la situación completa, da la impresión de que no será muy favorable para Pablo Moyano.
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