El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció la emisión de su primer bono social de oferta pública por ₡20,000 millones, con el objetivo de financiar proyectos de electrificación en zonas rurales que aún carecen de acceso al servicio eléctrico.
La colocación se realizó a través de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), consolidando el papel del mercado de capitales como una herramienta clave para canalizar recursos hacia iniciativas que buscan reducir brechas sociales y mejorar la calidad de vida de la población.
Según informó la institución, el pasado 25 de marzo se colocaron ₡12,000 millones como parte de esta emisión, correspondiente a la serie H3 de su Programa de Bonos Estandarizados. La operación se ejecutó mediante el mecanismo de subasta, en el que la demanda superó ampliamente la oferta inicial, reflejando el creciente interés de los inversionistas por instrumentos con impacto social.
En total, la emisión registró intenciones de compra superiores a los ₡17.000 millones, lo que evidencia la confianza del mercado en este tipo de iniciativas. La participación de inversionistas se canalizó a través de distintos puestos de bolsa, lo que permitió ampliar el alcance de la operación y fortalecer el vínculo entre el sector financiero y los proyectos de desarrollo.
Los recursos obtenidos estarán destinados a impulsar el Proyecto de Electrificación Rural (PER), una iniciativa relanzada en 2024 que busca integrar a comunidades aún desconectadas a la red nacional de distribución eléctrica. Este programa es considerado una de las apuestas más relevantes del ICE en materia de inclusión y desarrollo territorial.
De acuerdo con las proyecciones, con la totalidad del financiamiento se construirán cerca de 400 kilómetros de red eléctrica, lo que permitirá beneficiar a 2.347 hogares en 43 cantones y 123 distritos priorizados, principalmente en zonas de alta vulnerabilidad social.
El presidente del Grupo ICE, Marco Acuña, destacó el enfoque social de esta iniciativa y el compromiso institucional con el acceso universal a la electricidad. “Si bien mantenemos un 99,4% de cobertura eléctrica en nuestra población, una de las más altas de América, nuestro modelo eléctrico nos impulsa a que las familias que hoy no pueden encender un bombillo en su casa o refrigerar sus alimentos no se queden atrás”, afirmó.
La emisión del bono social representa además un avance en la incorporación de financiamiento temático en el mercado costarricense, alineado con estándares internacionales. El instrumento cumple con los Principios de Bonos Sociales establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que garantiza transparencia en el uso de los recursos y seguimiento de su impacto.
Desde el sector financiero, también se destacó el papel que juegan estos instrumentos en el desarrollo económico y social del país. El director general corporativo del Grupo Financiero de la BNV, Mario Vásquez, subrayó que el mercado de capitales permite movilizar recursos hacia proyectos que generan beneficios tangibles para la población.
“El mercado de capitales cumple un rol fundamental en el desarrollo del país, al movilizar recursos hacia proyectos que generan un impacto tangible en la sociedad. Este tipo de instrumentos amplía las oportunidades para impulsar iniciativas que contribuyen a cerrar brechas”, señaló.
La electrificación rural ha sido históricamente uno de los pilares del desarrollo en Costa Rica, permitiendo mejorar condiciones de vida, acceso a servicios básicos y oportunidades económicas en comunidades alejadas. Sin embargo, aún persisten zonas donde el acceso a la electricidad es limitado o inexistente, lo que convierte este tipo de proyectos en una prioridad.
En este contexto, la emisión del bono social no solo representa una alternativa de financiamiento, sino también una señal de transformación en la forma en que se desarrollan proyectos de infraestructura en el país. La combinación de sostenibilidad, impacto social y participación del mercado financiero marca una nueva etapa en la gestión de recursos públicos.
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