
La posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto en Cali llegó después de un recorrido de semanas marcado por cambios de sede, vetos constitucionales y la amenaza de un volcán en alerta naranja.
La decisión final de trasladar la ceremonia de investidura a la capital del Valle del Cauca no fue la primera ni la segunda opción del presidente electo. Fue el resultado de un proceso en el que cada alternativa chocó con un obstáculo distinto.
Y es que desde la campaña, De la Espriella había prometido posesionarse en un cuartel. La idea era homenajear a “los verdaderos héroes de la patria” en una zona golpeada por décadas de conflicto armado, y el destino elegido fue una guarnición militar en Popayán, capital del departamento del Cauca.
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El Senado llegó a aprobar esa solicitud con 55 votos a favor, lo que convirtió brevemente a Popayán en sede oficial de la ceremonia.

Sin embargo, la propuesta acumuló al menos tres obstáculos simultáneos.
El volcán Puracé, en alerta naranja, generaba emisiones de ceniza que afectaban la operación del aeropuerto de Popayán. El presidente saliente, Gustavo Petro, se negó a autorizar el uso de instalaciones militares mientras conservara el mando de las Fuerzas Armadas, es decir, hasta la medianoche del 6 de agosto.
Y finalmente, en el Congreso, voces como la del senador Jorge Enrique Ocampo advirtieron que “legalmente la posesión no se puede adelantar en una guarnición militar”, según recogió Infobae Colombia.
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Por qué cayó la opción del cuartel y por qué llegó Cali
La combinación de la amenaza volcánica, el bloqueo político del gobierno saliente y las dudas constitucionales sobre la legalidad de juramentarse ante militares terminó por hundir la opción castrense.
El 27 de julio, De la Espriella anunció el giro a través de un video en sus redes sociales. “No lo vamos a hacer en una guarnición militar, pero vamos a ir al territorio”, confirmó la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, el partido que le dio el aval al presidente electo, en declaraciones a medios de comunicación.
Borda radicó ese mismo día una proposición ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes para trasladar la sesión solemne a Cali. El martes 28 de julio, la Cámara la aprobó con 117 votos a favor y 7 en contra. El Senado hizo lo propio el miércoles 29 de julio, con lo que quedó habilitado el traslado extraordinario del Congreso a la capital vallecaucana.
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La base legal del traslado la explicaron los propios congresistas en la exposición de motivos: la Constitución exige que el presidente jure ante el Congreso, pero no fija un lugar geográfico para ese acto. Los artículos 192 y 140 de la Carta, junto con el artículo 33 de la Ley 5 de 1992, facultan al Legislativo para trasladar excepcionalmente su sede mediante acuerdo de ambas cámaras. El traslado, aclararon, sería “de carácter estrictamente excepcional” y se circunscribiría a una sola sesión.
Qué significa, desde el derecho, no posesionarse en el Congreso
Para el abogado constitucionalista Fernando Luna, más allá de su legalidad, el traslado de una ceremonia con una tradición constitucional tan arraigada como la posesión presidencial tiene un importante contenido institucional y simbólico.
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Luna sostiene que “los actos de Estado no solo producen efectos jurídicos, sino que también comunican mensajes sobre la forma en que se concibe el ejercicio del poder, la relación entre las instituciones y el territorio nacional”.
En el debate público han surgido distintas interpretaciones sobre la decisión de realizar la posesión fuera de Bogotá. Una de ellas plantea que el cambio de sede podría entenderse como un mensaje político dirigido a una región del país con una dinámica electoral distinta a la de los últimos años, mientras que otra lectura resalta el propósito de acercar los actos del Estado a territorios históricamente marginados o con importantes desafíos sociales y económicos.
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Precisamente por ello, Luna considera conveniente analizar esta decisión desde una perspectiva institucional y no exclusivamente política. No obstante, el abogado advierte que, precisamente por tratarse de un hecho sin antecedentes en la historia republicana reciente, la decisión puede convertirse en un precedente institucional.
“Ello implica que, en el futuro, cualquier modificación de esta naturaleza debería estar sustentada en criterios objetivos de interés general, tales como la descentralización, la presencia efectiva del Estado en las regiones, razones de seguridad o conveniencia pública, evitando que estos cambios puedan percibirse como decisiones coyunturales o asociadas a intereses políticos particulares”, explica.
Luna también señala que el contexto en el que se adopta esta decisión merece una reflexión. El presidente electo ha manifestado en diferentes escenarios la necesidad de promover una política de austeridad y de reducción del gasto público.
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Desde esa perspectiva, es razonable preguntarse si el traslado de un acto de esta magnitud resulta plenamente coherente con ese propósito, teniendo en cuenta que una ceremonia presidencial fuera de la sede tradicional puede implicar mayores requerimientos logísticos, operativos y presupuestales para el Estado, especialmente por los esquemas de seguridad, desplazamiento de autoridades, personal de apoyo y coordinación interinstitucional.
“Más que formular un juicio definitivo, este aspecto invita a analizar la correspondencia entre el discurso de eficiencia en el gasto y las decisiones administrativas que acompañan el inicio de un nuevo gobierno”, concluye.
Al final, Luna afirma que “el simbolismo de los actos públicos cobra verdadero valor cuando se encuentra respaldado por principios de legalidad, transparencia, coherencia y respeto por las instituciones democráticas”.
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Cali como escenario: el gesto territorial y su lectura política
De la Espriella eligió el suroccidente con una justificación explícita. “Ha sufrido como pocas los embates del narcoterrorismo, y merece sentir desde el primer día de este gobierno que voy a presidir”, dijo el presidente electo en sus redes sociales.
La ciudad que recibe la ceremonia no le fue favorable en las urnas. El Valle del Cauca tuvo un voto marcadamente petrista en las dos últimas elecciones presidenciales y fue uno de los territorios más afectados por el paro armado de 2021. Esa combinación es, para Damarix Pabón, profesora de Comunicación Política de la Universidad Sergio Arboleda, la clave de lectura del gesto.
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“Esa decisión es un mensaje meramente simbólico”, explicó Pabón. Según la docente, el acto apela a la descentralización y construye una narrativa de “un presidente que gobierna para todos los colombianos y va a los territorios de todo el país, aun inclusive esos territorios que están vetados”.
Pabón recordó que el expresidente Iván Duque “evitaba ir a territorios que no le eran tan favorables”.

Para la académica, el mensaje tiene dos ejes: primero, que el nuevo gobierno se dirige a todo el país; segundo, que “Bogotá no puede ser el centro del poder, sino que el poder tiene que desplazarse a todos los territorios”.
Pabón, no obstante, plantea una pregunta que trasciende el simbolismo. “No es solo el acto de ir, sino esto qué significa eventualmente en términos de política pública o de plan de desarrollo para los territorios”, advirtió.
El reto, en sus palabras, es que cuando De la Espriella dice que “va a gobernar desde los territorios”, eso se traduzca en “beneficios reales” para la gente y no se quede en una conversación simbólica.
Los actos que siguieron a la decisión

La recepción en Cali fue entusiasta desde el poder local. El alcalde Alejandro Eder ofreció la Plaza de Cayzedo para el acto protocolario y puso a disposición del gobierno entrante la Antigua FES como sede alterna para cuando De la Espriella decida despachar desde la capital vallecaucana.
La gobernadora Dilian Francisca Toro celebró que Cali fuera “el punto de partida de la construcción de esa patria milagro”.
Tras la ceremonia, el nuevo presidente se trasladaría al Cantón Militar Pichincha del Ejército, a 2,6 kilómetros del lugar de posesión, y luego visitaría la base aérea Marco Fidel Suárez, atacada hace un año por disidencias de las extintas FARC con un camión bomba que dejó 7 muertos. Ese recorrido, dijo De la Espriella, es el homenaje que prometió a los militares: no en la ceremonia de juramento, pero sí en el primer acto de su mandato.
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