La reciente decisión judicial que dejó en libertad al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, tras el vencimiento de términos en su proceso penal, no solo reconfigura el rumbo del caso por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, sino que también pone en el centro del debate una nueva tesis de la defensa: que el principal beneficiado del proceso sería el congresista Wadith Manzur.
La excarcelación de Bonilla se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación no presentara a tiempo el escrito de acusación dentro del plazo legal de 120 días.
Según explicó su abogado, Alejandro Carranza, “la Fiscalía tenía ciento veinte días para radicar el escrito de acusación... vencieron el 31 de marzo y el 7 de abril nosotros pedimos la audiencia y no habían radicado”.
Añadió que “fue una pequeña ventana en la que se abrió ese espacio y por eso la magistrada ordenó la libertad”.
El penalista insistió al medio Blu Radio en que la decisión se ajusta a la ley y cuestionó el actuar del ente acusador: “Cuando no cumple con ese término, pues incumple con ese requisito de temporalidad y por eso la medida debe caer”.
En esa línea, también calificó como desproporcionada la detención inicial: “Nos parece que fue un abuso, con el mayor respeto lo tenemos que decir”, en referencia a que, pese a que la Fiscalía solicitó detención domiciliaria, se impuso una medida intramural.
Carranza confirmó además que Bonilla abandonó el centro de reclusión en condiciones de salud deterioradas. “Golpeado, muy golpeado. Está ahorita con una gripa muy severa”, señaló sobre el estado del exministro tras varios meses privado de la libertad.
La tesis de la defensa: un caso construido para beneficiar a terceros
Más allá del debate jurídico, la defensa ha planteado una hipótesis de mayor alcance: que el proceso penal contra Bonilla habría sido construido a partir de testimonios coordinados con el objetivo de desviar responsabilidades y proteger a otros actores políticos.
En particular, Carranza señaló directamente a los testigos Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides. Según dijo, “nosotros sí podemos mostrar claramente cómo mintió Olmedo López, cómo mintió Sneyder Pinilla y cómo está mintiendo la señora María Alejandra”.
El punto más polémico de su intervención apunta a que estas declaraciones habrían tenido un propósito específico: encubrir a Wadith Manzur. “Se rompan esas cadenas de mentira y todas esas historias que han tejido para salvarse ellos y para cubrir a otras personas como a Manzur”, afirmó.
Ante la insistencia periodística, Carranza fue categórico al confirmar la hipótesis de concertación: “Sí”, respondió cuando se le preguntó si los testigos se habrían coordinado para perjudicar a Bonilla y proteger al congresista. No obstante, evitó revelar pruebas concretas y señaló que estas serán expuestas en la audiencia de acusación prevista para el 29 de abril.
Choque de versiones sobre la responsabilidad de Bonilla
El caso tiene su origen en las investigaciones por presuntas irregularidades en la asignación de contratos en la UNGRD, por valores que oscilan entre 35.000 y 80.000 millones de pesos. La Fiscalía sostiene que Bonilla habría tenido un rol activo en la aprobación de proyectos y en la articulación de acuerdos políticos.
Sin embargo, la defensa rechaza de plano esa versión. “La Fiscalía no puede probar ni un solo contrato que el ministro haya dado a nadie”, aseguró Carranza, quien también subrayó que “el ministro no interviene en los contratos”.
El abogado argumenta que las funciones del Ministerio de Hacienda están regladas y no permiten la asignación directa de recursos. En ese sentido, advierte que el caso se basa en una interpretación indebida del rol institucional. “Intentan criminalizar las funciones de un ministro para tejer una historia que sirva en época de elecciones”, sostuvo.
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