La postura de Carlos Caicedo sobre la negociación de paz en Colombia revela una crítica frontal al actual modelo de solución política negociada y un enfoque renovador que prioriza oportunidades educativas y desarrollo territorial como pilares.
El candidato a la presidencia plantea que las estrategias aplicadas hasta ahora no han logrado reducir los índices de violencia ni ofrecer salidas estructurales para la juventud involucrada en el conflicto armado.
Al detallar sus propuestas en entrevista con Infobae Colombia, Caicedo expone que en el actual gobierno la tasa de homicidios, masacres y la expansión de grupos armados ha mostrado un incremento: “Es evidente entonces que ese modelo no fue exitoso“, afirmó.
El político detalló que la mayor parte de quienes integran estas estructuras son jóvenes, muchos de ellos sin alternativas laborales ni educativas.
De acuerdo con el diagnóstico del candidato, alrededor de 2,3 a 2,5 millones de jóvenes en Colombia no estudian ni trabajan. La exclusión también afecta a la población analfabeta, que alcanza cerca de 2,2 millones, y a los egresados de secundaria, unos 380 mil por año, que terminan en situación de vulnerabilidad frente al reclutamiento armado. En ese contexto, Caicedo señaló que aproximadamente 450 menores de edad son reclutados cada año en el país.
Según explicó en la conversación, el exgobernador del Magdalena, propone abordar este fenómeno con un programa de pagamento por estudiar dirigido a las juventudes y una estrategia de inversión estatal sin precedentes en las zonas generadoras de conflicto. El candidato resume su plan en cuatro ejes: incentivo económico a estudiantes, intervención social y productiva en territorios afectados, nuevo esquema de negociación y diálogo internacional sobre el narcotráfico.
El modelo de paz es insuficiente y exige una nueva intervención estatal en los territorios
Caicedo fundamenta su visión en que la acción estatal en zonas históricamente marcadas por la violencia debe trascender la presencia militar.
“La presencia en los territorios no es simplemente con unos cuantos soldados o policías (...), allí hay actividad del cultivo de la hoja de coca, de narcotráfico, es porque allí no hay inversión del Estado, porque faltan escuelas y colegios, universidades, hospitales, distritos de riego, vías terciarias, proyectos productivos y de emprendimiento, presencia del Estado en sus dimensiones productivas y sociales más que en las políticas”, sostuvo a Infobae Colombia.
El segundo pilar señalado es la creación de alternativas productivas que puedan sustituir de forma sostenible a la economía de la hoja de coca. El candidato mencionó el potencial del cacao y la necesidad de cumplimiento integral de los acuerdos de paz, con reformas agrarias que incluyan herramientas, capacitación y vías de comercialización.
“Nuestro enfoque plantea brigadas agrarias, con herramientas, maquinaria agrícola, semilla mejorada, abonos, asistencia técnica, capacitación, vías terciarias, centros de acopio y salida al mercado para garantizar alternativas productivas viables, especialmente para los jóvenes, y evitar la migración rural”, precisó en la entrevista.
Otro de los ejes es la participación amplia en los procesos de negociación. “Deben participar las autoridades territoriales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas”, sostuvo Caicedo, quien diferencia entre estrategias político-negociadoras para la guerrilla y esquemas de sometimiento judicial para organizaciones delincuenciales de narcotráfico.
Finalmente, el aspirante a la Casa de Nariño sostiene que la regulación debe ser tratada con enfoque multilateral, destacando el papel de Estados Unidos y Europa como principales consumidores en el problema del narcotráfico: “La prohibición no ha funcionado. Tenemos que ir a un modelo de regulación, control y monopolio estatal de esa producción, como pasó con la marihuana, pero esto debe hacerse en la Comunidad de Naciones”, declaró.
Carlos Caicedo ha hecho de la crítica a los enfoques tradicionales de seguridad su bandera electoral y propone un viraje institucional centrado en el bienestar juvenil, desarrollo rural e intervención internacional concertada.
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