
El contrato celebrado en 2020 entre la firma De la Espriella Lawyers y Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo, volvió al centro del debate público tras la publicación de audios que relacionan a emisarios suyos con allegados al Gobierno.
La periodista Darcy Quinn divulgó el documento que confirmaría la representación legal asumida por el bufete de Abelardo De la Espriella, lo que provocó una ola de cuestionamientos en redes sociales y solicitudes de explicaciones sobre ese vínculo.
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El acuerdo, firmado en marzo de ese año, establecía que uno de los abogados del despacho actuaría como apoderado de Marín y presentaría solicitudes ante la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para determinar si existían reportes, denuncias o procesos en su contra. El foco principal era conocer si había investigaciones por supuestas amenazas al entonces director de la entidad.
Según información de El Tiempo, la oficina de abogados confirmó la existencia de la relación contractual y detalló que se realizaron varios derechos de petición buscando claridad sobre posibles actuaciones penales o administrativas.

Una fuente del bufete afirmó: “El señor Marín tenía un contrato con la oficina en 2020 y se hicieron varios derechos de petición pidiendo información sobre si existían actuaciones penales contra él o investigaciones administrativas”.
Las autoridades consultadas, de acuerdo con la firma, no reportaron procesos activos ni imputaciones al consultar sobre Marín en ese periodo.
El equipo jurídico argumentó que esta gestión se enmarcó en la práctica legal habitual de brindar asesoría a quienes buscan conocer su situación jurídica.
Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una serie de afirmaciones sobre las actividades criminales de Diego Marín Buitrago, conocido como alias“Papá Pitufo, a quien señaló como “contrabandista, lavador de dólares y posiblemente narcotraficante”.
Petro aseguró que la Fiscalía dispone de información sobre Marín, quien habría infiltrado entidades estatales durante casi cuatro décadas, enfocando su influencia en la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía y organismos de investigación.

En el trino, el mandatario afirmó que, al conocer la existencia de Marín, tomó medidas dentro de su campaña para evitar que sus recursos ingresaran. “Lo impedí, pero siempre hay codiciosos”, enfatizó Petro, aludiendo a intentos de infiltración financiera.
Además, responsabilizó a la corrupción oficial y gubernamental de la ausencia de Marín en Colombia, subrayando que “el que no esté el señor Marín en Colombia, encarcelado, es un acto de corrupción oficial y gubernamental”.
Petro relató que gestionó directamente con líderes europeos la extradición de Marín, aunque denunció la existencia de “un filtro delincuencial” que impidió su retorno, debido al temor generado por posibles confesiones del señalado contrabandista.
El presidente sostuvo que Marín logró influir en altos mandos policiales y judiciales, y que mantiene vínculos con oficiales y funcionarios de inteligencia, tanto en la Dijin como en la fiscalía.
El jefe de Estado también aseguró que agentes de inteligencia y funcionarios han recibido parte de la fortuna de Marín, quien permanece libre en Europa.
Petro reclamó que la Fiscalía solo investigó a Marín desde 2023, desestimando pruebas previas y cambiando al fiscal encargado por motivos políticos o corrupción. Finalmente, pidió “verdad y reparación” y exigió explicaciones a la fiscal general por la falta de resultados en el caso.

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro respondió al presidente Gustavo Petro con un mensaje en X donde cuestionó quiénes son los responsables de proteger a Diego Marín, alias Papá Pitufo.
Pizarro planteó que “expresidentes, senadores, coroneles y altos oficiales estarían involucrados en este entramado que infiltró el Estado por décadas”. Según la congresista, esos actores han sido determinantes para que Marín no haya comparecido ante la justicia en Colombia ni revelado detalles clave de sus actividades.
Pizarro calificó esa protección como “una alianza perversa entre mafias y sectores del poder político e institucional” cuyo objetivo principal sería “erosionar a este gobierno”.
La senadora advirtió que existen campañas para distorsionar la realidad y desviar la atención pública sobre el caso Marín, a quien se vincula con delitos de contrabando y lavado de activos.
En su mensaje, Pizarro también hizo referencia directa al candidato presidencial Abelardo De la Espriella, diciendo que “le debe muchas explicaciones al país” por su presunta relación con esta red.
Finalmente, instó a esclarecer la magnitud de la protección política y judicial que rodea a Marín y pidió no perder de vista las verdaderas alianzas detrás de su permanencia fuera del país.
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