La Fiscalía General de la Nación formalizó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia una acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el proceso vinculado al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Este escrito fue recibido por la Corte Suprema el 7 de abril de 2026, con el radicado 110016000000202401730, conforme a lo notificado por la Secretaría.
Como parte del procedimiento judicial, el fiscal Gabriel Fernando Sandoval Vargas señaló: “Presenta escrito de acusación que se formula en contra de los ciudadanos Ricardo Bonilla González [...] y Luis Fernando Velasco Chaves [...] en treinta y cuatro (34) folios, junto con su respectivo anexo probatorio en doscientos cincuenta y un (251) folios.”
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El expediente entregado incluyó no solo el escrito principal de acusación, sino también anexos probatorios recopilados, así como el acta de la diligencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, en dos folios, y un DVD consignado en un folio. El fiscal aclaró que esta documentación se aportó “dentro del término previsto” ante la jurisdicción que corresponde al caso.
La Fiscalía dejó constancia formal en el documento de que “Se adjunta el acta de audiencia de formulación de imputación realizada, el 01 de diciembre de 2025, ante Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, Sala Penal, en contra de los procesados de la referencia, en dos (2) folios y un DVD en un (1) folio”.
Los roles de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en el entramado de corrupción
Las acusaciones que pesan sobre Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco han puesto en el centro del debate el presunto uso de la Ungrd como herramienta para asegurar votos en el Congreso. La Fiscalía sostiene que ambos exministros habrían concertado con congresistas y otros funcionarios para manipular contrataciones públicas, con el objetivo de obtener respaldo legislativo clave para el Gobierno.
Según la fiscal del caso, Bonilla solicitó al entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, tramitar contratos en los que participaron miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La lista incluye a Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya. El propósito, de acuerdo con la acusación, era “favorecer a los congresistas” y garantizar que proyectos de interés para el Ejecutivo llegaran a votación antes del fin del periodo legislativo.
El caso pivota sobre la presunta existencia de un acuerdo ilícito para direccionar recursos públicos a cambio de apoyo político. Entre mayo de 2023 y mediados de 2024, los fiscales señalan que Bonilla y Velasco establecieron concertaciones con otros actores para “cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que le permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”.
El ente acusador detalla que, entre septiembre y diciembre de 2023, se habría intentado influir en tres contratos de la Ungrd destinados a la atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado en Carmen de Bolívar.
El monto total involucrado asciende a $86.619.000.000. Las pruebas recabadas por la Fiscalía indican que, si bien los contratos no llegaron a ser adjudicados, los congresistas involucrados sí aprobaron 17 notas de crédito para financiar proyectos del Gobierno.
La Fiscalía advierte que la estrategia buscaba “asegurar las mayorías parlamentarias”, lo que constituye el núcleo del proceso penal que mantiene a Bonilla detenido, a la espera de la resolución de su apelación. La acusación sostiene que la manipulación de los contratos tenía como fin último favorecer los intereses del Ejecutivo en el Congreso.
De acuerdo con los fiscales, de comprobarse la responsabilidad penal de los exministros y demás implicados, las sanciones podrían superar los doce o quince años de prisión y multas de hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La investigación permanece en curso, mientras la defensa de los acusados prepara sus argumentos para el recurso correspondiente.
Lo que se investiga es un presunto entramado de favores entre el Gobierno y un grupo de congresistas, articulado a través de la gestión de millonarios contratos públicos que, según la Fiscalía, nunca se ejecutaron, pero sí sirvieron para asegurar el respaldo necesario en el Legislativo. El resultado de este proceso marcará el futuro político y judicial de quienes hoy enfrentan cargos por delitos contra la administración pública.
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