La Corte Constitucional se prepara para definir el futuro de la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro en diciembre de 2025. El magistrado Carlos Camargo Assis, encargado de la ponencia, ya presentó un proyecto de fallo que solicita la nulidad total del Decreto Legislativo 1390.
Ahora, lo que se espera es que la Sala Plena debata el documento el jueves 9 de abril, fecha en la que se espera una decisión definitiva sobre el rumbo del estado de excepción que fue propuesto por el mandatario y que fue decretado por 30 días.
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El proyecto de Camargo sostiene que el decreto carecía de los requisitos legales para entrar en vigencia en el momento de su expedición. Según la ponencia, los problemas que el Gobierno pretendía enfrentar con la medida no eran imprevisibles ni excepcionales, tal como se afirmó en su momento desde la Casa de Nariño. El magistrado argumentó que, por esta razón, la medida no cumple los criterios constitucionales que justifican la emergencia económica.
Detalles de los argumentos de Carlos Camargo sobre el ‘decretazo’ del Gobierno
El documento recoge, además, elementos que fueron determinantes para la suspensión provisional del decreto el 29 de enero de 2026. Entre estos se incluyen las opiniones de seis magistrados que coincidieron en que la medida debía detenerse mientras se analizaba su legalidad: Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés, Lina Marcela Escobar, Paola Meneses, Miguel Polo y el propio Camargo.
En su evaluación, la alta corte consideró que el Gobierno nacional no presentó evidencia suficiente para justificar que la emergencia económica era necesaria para recaudar los $16,3 billones requeridos para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026.
La ponencia recuerda que, a primera vista, el argumento financiero no respalda por sí mismo la expedición de un decreto de tal magnitud. Otro aspecto central del análisis del tribunal fue la posible afectación de la separación de poderes —entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial—.
La medida se firmó el primer día hábil tras la vacancia judicial, lo que permitió eludir temporalmente el control constitucional. Según la ponencia, el decreto permaneció vigente hasta el regreso de los magistrados, lo que provocó dudas sobre la legitimidad del procedimiento.
El alto tribunal también destacó el riesgo de perjuicios irremediables que el decreto podía causar. En el proyecto, se señala que “el anuncio general de las medidas tributarias que se pretende adoptar evidencia el riesgo de que la habilitación prevista genere efectos irremediables durante el trámite de revisión de constitucionalidad”.
De igual manera, la ponencia revisa el principio de proporcionalidad, al evaluar si la medida restrictiva era legítima y beneficiosa. De acuerdo con Camargo, la Corte concluyó que la suspensión del decreto permitió preservar el equilibrio entre poderes y evitar cobros tributarios indebidos, al evitar así que la justicia llegara tarde ante un posible abuso del estado de excepción.
Esta fue la justificación del Gobierno para declarar la emergencia económica
El Gobierno de Gustavo Petro declaró Estado de Emergencia Económica y Social a través del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 por un periodo de 30 días, ante un fuerte desequilibrio en las finanzas públicas que afecta varias áreas, entre ellas el sistema de salud.
La decisión responde a un faltante de $16,3 billones dentro del Presupuesto General de la Nación para 2026, recursos que no ingresaron tras la no aprobación de una ley de financiamiento.
En el caso de la salud, el punto central radica en la necesidad de asegurar $3,3 billones adicionales para cumplir con la equiparación de la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado al 95% del contributivo. Esta obligación implica mayores presiones sobre la caja del Estado y pone en riesgo la estabilidad del flujo de recursos hacia entidades como Adres, EPS e IPS, lo que incide de forma directa en pagos, contratación y atención a pacientes.
El decreto habilitó al Ejecutivo para tomar medidas inmediatas mediante normas con fuerza de ley, con el fin de cubrir el déficit y reorganizar el gasto. Sin embargo, estas decisiones quedaron sujetas al control de la Corte Constitucional, que suspendió el decreto y los derivados del mismo, con la finalidad de evaluar su viabilidad.
Cabe destacar que sería la tercera vez que la Corte Constitucional tumba un decreto de emergencia emitido por el Gobierno de Petro, lo que resalta las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial en Colombia; el primer revés tuvo lugar en 2023 en La Guajira; el segundo fue en 2025, de seguridad en Norte de Santander y Cesar; en 2026 se marcaría el último revés para la administración nacional.
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